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  • "LA GUERRA PRIVADA DE DOBLECERO"

    nota: este articulo aparece publicado originalmente en el diario ELMUNDO de españa, en el año 2003, y hace parte del libro LA OTRA COLOMBIA, de su autora, la periodista SALUD HERNANDEZ-MORA publicado en el mes de abril del año 2008.

    DIARIO EL MUNDO DE ESPAÑA

     

    SECCIÓN TESTIGO DIRECTO

     

    LA GUERRA PRIVADA DE “DOBLE CERO”

     

     

    El comandante Rodrigo, jefe del Bloque Metro, es la voz disidente de Autodefensas Unidos de Colombia (AUC) / Unos 3.000 hombres libran su propia guerra en una de las regiones más 'calientes' de Colombia

     

    SALUD HERNANDEZ-MORA

    Como estratega, el comandante augura una guerra de tres meses hasta lograr el control absoluto de Irak, un paseo militar si lo compara con su propia situación. A él, dominar 42 municipios de Antioquia, departamento al oeste de Colombia, le llevó un par de años. Mantener ahora su dominio le está costando tantos desvelos como a las tropas aliadas en el país árabe, aunque cuenta con la ventaja, o eso cree, de tener el favor del pueblo.

     

    El comandante Rodrigo, alias Doble Cero, jefe del Bloque Metro, es la voz disidente de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).No ha querido entrar en el proceso de paz que ese grupo armado inició con el Gobierno.

     

    Para él, los llamados paramilitares se han convertido en los lacayos de los capos mafiosos y la guerra que libran ya no es para acabar con la guerrilla, sino para acumular dinero protegiendo los cultivos y los laboratorios de coca de sus nuevos amos.

     

    Por esa razón, él decidió romper con las AUC y pelear por su cuenta. En su territorio no permite plantar una sola mata de coca ni establecer un cristalizador (laboratorio para procesar cocaína). Para que cambie de opinión, los jefes mafiosos de su área le han llegado con varias ofertas suculentas. Al principio lo hicieron por las buenas y, ante su negativa, le andan buscando para matarlo.

     

    «Han comprado algunos de nuestros bloques por varios millones de dólares y los utilizan como sus ejércitos privados», explica en la penumbra de un bar de uno de los caseríos en donde se siente seguro, aunque fuera vigilan sus escoltas, armados hasta los dientes. Viste, al igual que sus hombres, uniforme de camuflaje; habla tranquilo, sin prisas, intercalando bromas, explicando la breve historia de su escisión.

     

    «En 1994 todos (Autodefensas) andábamos en el monte, combatiendo a la guerrilla. En el 98, llegaron unos hombres en Toyotas con aire acondicionado, con lujos, plata, viejas (mujeres), y lo corrompieron todo. Se olvidaron entonces de la guerrilla y comenzaron una guerra por la plata. Decidimos entonces separarnos».

     

    El Bloque Metro opera en una de las regiones más calientes de Colombia. Combate tres frentes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), a cuatro del ELN (Ejército de Liberación Nacional), a los narcos, a otros paramilitares que no aceptan la división.En ocasiones se enfrenta al Ejército, aunque suele rehuirlos porque no los considera enemigos.

     

    También hacen lo que en este país llaman limpieza social, es decir, asesinan delincuentes y, a veces, bandas completas, y llevan a cabo crímenes selectivos de personas que ellos acusan de colaborar con los rebeldes.

     

    «Me queda la tranquilidad de saber que hemos matado por ideas, no por plata», dice. «Sé que sobre nosotros penden muchas acusaciones.Habrá casos de masacres, no lo niego, pero las cosas más horribles no han sucedido en nuestra zona, sino en las que hay intereses».

     

    Financia a su grupo armado, compuesto por unos 3.000 hombres, con los impuestos que cobra a comerciantes, transportadores, empresarios, ganaderos, etcétera, y a los buscadores de oro de las minas de un pueblo llamado Segovia.

     

    Su nueva obsesión, además de inculcar ideales a su gente para evitar que les compren los narcos, es que el mundo conozca las conexiones entre el cartel del Norte del Valle, el único poderoso ahora en Colombia, los jefes de las AUC y algunos mandos policiales.Que el Gobierno sepa que negociar con Carlos Castaño y los otros comandantes paramilitares es hacerlo directamente con los capos, que no tienen ningún otro interés en el proceso de paz que levantar una cortina de humo mientras siguen eternamente en el negocio.

     

    «Usted quiere hacerse pasar ahora por el bueno de los malos, el ángel justiciero, el único que tiene una causa justa para empuñar las armas», le comento tras seis horas de conversación.Se ríe, recoge su fusil y se despide. «El bueno de los malos», repite sonriendo, y deja la respuesta flotando en el aire.

     

  • EL SUEÑO PARA

    El sueño para

    O "de eso tan bueno no dan tanto"

    N. del editor:     SE LES DIJO, SE LES ADVIRTIÒ, SE LES RECOMENDÒ, PERO BUENO NO HICIERON CASO DEL PRÀCTICO CONSEJO, SE PASARON LA ADVERTENCIA POR LA FAJA Y .......USTED HA VISTO CUANDO ALGUIEN CONFIA EN UN ENEMIGO PARA QUE LE DEN CIERTOS BENEFICIOS..........PUES BUENO, QUEDARON IGUAL PERO SIN BENEFICIOS.

      "E.U. les tenía muchas pruebas por narcotráfico": ex para que contactó a DEA.
      Repaso a diálogo secreto de los paras sobre su talón de Aquiles: la extradición
      DEA no sacó de la mira a ex Auc, pero su poder los hizo "sentir intocables".


    Por
    Carlos Alberto Giraldo M.

    El viernes 16 de mayo el abogado Hernando Benavides Morales reveló que su cliente, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, recluido en el pabellón de segregación total de la Prisión de Washington, se sentía "compungido y perplejo" por su extradición y encarcelamiento en Estados Unidos. Era de esperarse: Mancuso y sus socios se jugaron sus intereses políticos, económicos y de seguridad en el proceso de diálogo con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

    Cinco años atrás, una hora después de firmar el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, a las 4:45 de la tarde del lunes 15 de julio de 2003, Mancuso se describió emocionado y pensó que el pacto suscrito junto a otros ocho jefes paramilitares con el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, "era crucial" y clave en la historia del conflicto armado y en busca de la paz del país.

    A diferencia de otros integrantes de la cúpula de las Auc, Mancuso confiaba en poder explicar ante las autoridades de Estados Unidos los cargos por narcotráfico por los que era pedido en extradición. Él, en particular, aparecía en un indictment (acusación) de una corte de Washington, junto a Carlos Castaño (ya muerto) y Juan Carlos Sierra (también extraditado), sindicado del envío de por lo menos 3.600 kilos de cocaína entre el 19 de marzo de 1998 y el 12 de septiembre de 2000.

    En varias oportunidades, a través de asesores y emisarios, Mancuso adelantó contactos con agentes del Departamento de Estado de E.U., para conocer en detalle las posiciones de las diferentes agencias estadounidenses frente a su caso y al proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

    Mancuso sabía que la visión del Departamento de Estado y de la CIA partía de valoraciones políticas: facilitar el desmonte del aparato paramilitar y apoyar la gestión de un gobierno aliado como el de Colombia. Pero entendía que los intereses del Departamento de Justicia y de la DEA eran otros: juzgar ante las cortes de E.U. a personas y organizaciones involucradas en el narcotráfico.

    El 4 de mayo de 2003, el argentino Juan Rubbini, asesor de Mancuso, le relataba tras entrevistarse con agentes del Departamento de Estado que la justicia de E.U. no dejaría de presionar en su objetivo de conseguir que Carlos Castaño y él se presentaran para responder por las sindicaciones de narcotráfico y establecer acuerdos de cooperación en busca de una eventual rebaja de penas.

    A Mancuso, reconocido entre los jefes paramilitares por sus gustos y sus ademanes refinados y excéntricos, le interesaba viajar. Su asesor Rubbini le advertía entonces que aquel deseo no podría cumplirse si antes no resolvía sus procesos en E.U.

    "Si parte de sus gustos tiene que ver con conocer el mundo el caso con la justicia de E.U. hay que resolverlo de alguna manera y seguramente tras un proceso de Paz exitoso será más accesible arribar a una solución que no implique desconocer la Justicia norteamericana", le advirtió entonces Rubbini a Mancuso.

    La realidad era que la DEA tenía un archivo repleto de pruebas y documentos sobre el envío de alijos de cocaína a Estados Unidos por los principales ex jefes paramilitares y sus socios en el ambiente de la mafia.

    Un ex jefe paramilitar que tuvo contactos con la DEA le relató a EL COLOMBIANO que esa agencia antidrogas de E.U. tenía "carpetas con fotos y acusaciones por narcotráfico" de los jefes de las Auc.

    Según la fuente, la DEA y el Departamento de Justicia advertían que nunca negociarían la aplicación de las leyes estadounidenses. "Negociarían la pena, pero esos individuos terminarían en su país. Entonces esto (la extradición de 14 jefes paras) no es sorpresa, más bien algo esperado, hasta que se cumplió".

    Además, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado también "estaban bien informados y con investigaciones que los incriminaban".

    Vicente y su gente
    La sombra del narcotráfico sobre las Auc creció tremendamente entre 1995 y 2000 con la presencia de un hombre: Vicente Castaño. Él personificaba el enlace permanente entre paramilitares y carteles mafiosos del país.

    El abatido jefe del bloque Metro de los paras, Carlos Mauricio García, alias Rodrigo Doblecero, a quien el mismo Vicente Castaño llamó "el estratega militar de las Auc", describió así, en una correspondencia, a Castaño:

    "El hombre (Vicente) siempre ha sido narco. Con Fidel tuvo problemas porque lo abrió cuando no quiso dejar de 'traquetiar'. Tuvo una caída grande en Alemania en 1989. Se le cayó un barco de su propiedad cargado de coca. Los contactos para recibirle la droga eran los conocidos esposos Mauss (...) Esa vez en Alemania casi lo cogen".

    El estrecho vínculo de Vicente Castaño con los narcos también desató conflictos con su hermano Carlos. "Cuando Fidel se murió -relató Doblecero-, Vicente reapareció y tomó el mando junto con Carlos. En 1998 descubrió el agua tibia y se puso a reclutar narcos para venderles los bloques y los frentes de las Auc. Eso, junto con sus actitudes de capo, le generó muchos conflictos con Carlos".

    La conocida "venta" de las Auc desató una disputa de poder irreversible entre los Castaño y la orden de ejecución de Carlos, en abril de 2004, cuando él, además, había agregado al malestar y desconfianza de los demás jefes paras su interés de negociar con la justicia de E.U.

    Según Doblecero -lugarteniente de los Castaño desde que surgió esa generación paramilitar en 1988-, "Carlos nunca pensó en enfrentarse a su hermano. Vicente le cogió la delantera en la lucha por el poder y se amangualó con Berna, Macaco, Cuco, los del Norte del Valle, Los Mellizos. Carlos pensó que podría manejar a esa gente". Su asesinato demostró lo contrario.

    Los Frailes
    A mediados de septiembre de 2002, Vicente Castaño llegó en un helicóptero de una empresa privada que aterrizó en la cancha de fútbol del corregimiento Cristales de San Roque, nordeste de Antioquia. Él acostumbraba viajar allí a visitar a Rodrigo Doblecero, estar un par de días y luego irse. Caminaba por la región, visitaba los charcos y se bañaba en la quebrada del lugar. "Se tomaba unos tragos y atendía visitas de personalidades", recuerda un testigo.

    En esa ocasión Vicente Castaño viajó a la finca Frailes acompañado por Salvatore Mancuso, Diego Vecino, Hernán Hernández (HH) y por Miguel Arroyave (ya muerto). Aparecieron en seis camionetas. Iban a convencer a Doblecero de que se sumara a la fase exploratoria de lo que luego sería la mesa de diálogo con el Gobierno en Santa Fe de Ralito, desde agosto de 2003.

    En aquella reunión, al igual que lo hacían en las de los jefes de las Auc con el Gobierno, Castaño y Mancuso lideraron las intervenciones. Sostuvieron que se trataba del momento para conseguir "una salida digna como actores del conflicto armado". Agregaron que manejaban zonas estratégicas que, después de desmontadas las Auc, serían ocupadas por la fuerza pública y serían determinantes en la política de seguridad democrática.

    Según ambos, desactivarían su ejército, romperían las cadenas de producción de narcóticos de las que tuviesen conocimiento y entregarían bienes adquiridos con dinero del narcotráfico. Eso, calculaban, sería visto como un aporte a la paz.

    En consecuencia, a la cúpula paramilitar la juzgaría la justicia colombiana y pagaría penas livianas en casas campestres. El "pragmatismo de los gringos" hizo suponer a Castaño y a Mancuso que primaría más el interés de neutralizar el narcotráfico que el de encarcelarlos en E.U.

    "Los comandantes de las Auc no se veían en cárceles, vestidos de anaranjado, con grilletes en manos y pies, ante jueces en las cortes de E.U. Para entonces se veían intocables e incluso 'manipuladores' de la justicia de otro país", dice una fuente que participó en aquella reunión.

    La camaradería de la reunión se rompió cuando intervino alias Doblecero: con su acidez acostumbrada les dijo a los presentes que la extradición era el cuello de botella y que el gobierno de E.U. tenía particular interés en Diego Murillo (Don Berna), Ramiro Vanoy (Cuco) y Carlos Mario Jiménez (Macaco).

    En el mismo sentido, Rubbini le advertiría en su informe a Mancuso, diez meses después, que "el caso Berna y el caso de algunos de los previsibles negociadores del BCB (Bloque Central Bolívar)" haría muy complejo que el Departamento de Estado interpusiera sus "buenos oficios" para levantar las órdenes de extradición.

    "Será muy difícil (...) ir en contravía de realidades y presunciones originadas en la DEA y en la justicia americana sobre cuya fuerza el Departamento de Estado tiene pocos argumentos con los que contrarrestar".

    Con crudeza Doblecero descalificó las bondades que le atribuyó Mancuso a la negociación con el Gobierno:
    "de eso tan bueno no dan tanto. La extradición acabará con el proceso o ustedes terminarán, después de su entrega, en una celda en E.U., atados de manos y pies como marranos".

    Los vuelos de la DEA
    La reclusión de la cúpula de las Auc en la Cárcel de Itagüí, el 1 de diciembre de 2006, fue una muestra de cuánto se podían complicar las cosas, observa una persona que participó en casi todas las reuniones de Ralito.

    "El problema de la cúpula de las Auc era la extradición -analiza otro asistente a Ralito-, el resto eran cuentos, adornos. Se demostró que encarcelados en el país siguieron delinquiendo y manejando sus negocios. Ahora, en E.U., llegó su peor castigo: la incomunicación, que les abre un roto a la pérdida de su poder y al riesgo de que jamás regresen".

    El caso de Castaño resulta hoy más ejemplar que nunca: cuando él vio a las Auc devoradas por los narcos trató de reversar pero no había retorno posible. "Entonces, empleó una frase -recuerda la fuente- que resumió la última década paramilitar: a esta organización le faltan comandantes y le sobran capos".

    Mientras duró la mesa de Ralito, la misma que los paramilitares quisieron alargar pidiendo garantías jurídicas, E.U. aprovechó para alentar operaciones de cooperación. Pero al tiempo avanzaba en buscar la extradición de los paras. Y su aliado, el presidente Álvaro Uribe, lidiaba con un proceso que era definitivo para la credibilidad del establecimiento y que no podía fracasar desde ningún punto de vista.

    Pero como lo advierte un ex asesor de las Auc: ellos -los jefes paramilitares- olvidaron que E.U. no tiene amigos. "Tal vez lo saquen a uno, temporalmente o un poquito, de la lista de enemigos, pero en cualquier momento todo se devuelve". El problema es que generalmente esas "devoluciones" se hacen en aviones de la DEA.



  • PALMA, DESARROLLO MALEFICO DE VICENTE CASTAÑO

    El lío de los títulos colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó

    El lío de los títulos colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó
    En la ruta de los Castaño

    La mano del narcotráfico y del paramilitarismo está presente en el desarrollo de la industria palmicultora en la zona del Urabá chocoano. En la región hoy se viven tensos momentos por las investigaciones de la Fiscalía.
    Norbey Quevedo H. / Juan David Laverde P.





    sábado, 16 de febrero de 2008

    A la representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó (Chocó), Ligia María Chaverra, la quieren matar. Desde septiembre de 2003, esta anciana agricultora, líder de la resistencia contra la ocupación de los terrenos que fueron adjudicados a su gente en 2000 como títulos colectivos, es un blanco móvil en la tensa confrontación que hoy se vive en el Urabá chocoano por cuenta de la extensión de cultivos de palma de aceite infiltrados por el paramilitarismo y el narcotráfico.

    Manuel Denis Blandón, ex representante legal del Consejo Comunitario de Jiguamiandó (Chocó), también esquiva la muerte por defender su comunidad y por haber promovido zonas humanitarias y de biodiversidad en medio de la guerra a muerte que libran el Estado y las Farc, en el dramático presente de una región convulsionada que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había advertido desde 2003 y que hoy trata de restaurar la Fiscalía investigando cómo fueron ocupadas las tierras de las comunidades chocoanas con la mano larga de las autodefensas.

    Una estratégica labor de despojo agrario en el Urabá chocoano, liderado por Vicente Castaño y otros jefes de las autodefensas, con el propósito de extender en estas áreas rurales del municipio de Belén de Bajirá y otras comunidades vecinas, el rentable proyecto empresarial de la palma de aceite. El negocio de moda para producir biodiesel –que se perfila como el combustible del siglo XXI–, que el Gobierno apoya decididamente en todo el país, pero que en el departamento del Chocó, por mano rapaz, terminó por convertirse en un polvorín a punto de estallar.

    Desde las escrituras

    Trece empresas hoy invierten en palma de aceite en las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó. Tres constituidas en Barranquilla, Santa Marta y San Jacinto (Bolívar), dos de Medellín, una de Apartadó y siete más de la región. En una entrevista a la revista Semana en 2005, el fugitivo jefe paramilitar Vicente Castaño, aceptó también su presencia: “Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos”. Una mínima revisión de las escrituras de constitución de esas empresas palmicultoras, dejan advertir su mano sigilosa y otras sorpresas judiciales.

    Por ejemplo, tres años después del desplazamiento forzado a que fueron sometidas las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó en 1997, en la Cámara de Comercio de Barranquilla se constituyó la empresa Unión de Cultivadores de Palma de Aceite de Urabá (Urapalma). Entre los accionistas, compareciendo a su nombre y en representación de Construcciones Unidas Ltda., con un capital de $225 millones, apareció el empresario barranquillero Alberto Zúñiga Caballero. En la compañía Palmas de Urabá (Palmura), constituida en Santa Marta en 2003, vuelve a aparecer Zúñiga Caballero y varios de sus familiares como los socios principales.

    En torno a la familia Zúñiga Caballero, desde los años 80, existe documentación judicial que relaciona a uno de sus integrantes, Julio César Zúñiga Caballero, con el tráfico de estupefacientes. De hecho, el 24 de marzo de 2005, en desarrollo de la Operación Patria, la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía ocupó 56 propiedades de su núcleo familiar, entre ellas varias inmobiliarias, empresas oleaginosas o estaciones de servicio en la Costa Atlántica, en cuyas actas de registro de fundadores también aparecen algunos socios de las Palmeras de Urabá.

    Otro caso representativo de los ambiguos orígenes de la explotación de palma de aceite en el Urabá chocoano, lo constituye la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba), un predio de 1.000 hectáreas ubicado en el poblado de Caño Manso, ubicado en la cuenca del Río Curvaradó, que el antiguo Incora le otorgó a René Palacios en 1992, pero que 10 años después apareció, primero convertido en un organismo para la defensa gremial de los campesinos y casi simultáneamente como objeto de una peculiar compraventa en la única notaría de Carepa (Antioquia), que se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2002.

    Ese día compareció Hugo Fenel Bernal Molano, natural de Medellín, en calidad de vendedor del predio que diez meses antes le había comprado a René Palacios, y Sor Teresa Gómez Álvarez, vecina de Riosucio (Chocó) y natural de Amalfi (Antioquia), en calidad de compradora y representante legal de la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba). El negocio se cerró en $100 millones y hoy cobra importancia porque vendedor y compradora están comprometidos en investigaciones judiciales y Asoprobeba sigue desempeñando un papel activo en la compra de tierras y extensión de cultivos de palma de aceite en el Chocó.

    Dos nombres clave

    De Hugo Fenel Bernal Molano se tienen noticias judiciales desde los años 90, cuando fue retirado de las Fuerzas Militares por comprobados nexos con el capo de capos Pablo Escobar Gaviria. Desde hace unos años una Corte Federal de E.U. lo requería por delitos de narcotráfico y lavado de activos, ofreciendo cinco millones de dólares por su captura. Volvió a la palestra pública como uno de los extraditables a quienes le fueron borrados sus antecedentes en el DAS por acción del ex jefe de informática y testigo estelar de la parapolítica, Rafael García. El 5 de marzo de 2007 fue capturado en el municipio de Valencia (Córdoba).

    En cuanto a Sor Teresa Gómez Álvarez, su historia está ligada a las entrañas del paramilitarismo. Casada con Manuel Gil, hermano medio de Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, y suegra de alias Monoleche, jefe paramilitar hoy preso en la cárcel de Itagüi, trascendió por primera vez en abril de 1998 cuando la Fiscalía allanó el parqueadero Padilla ubicado en Medellín y descubrió la telaraña financiera de las autodefensas. Entre 70 disquetes con información de 16 cuentas bancarias en Montería y dos empresas de papel con multimillonarios giros de dinero, apareció la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor).

    Esta fundación fue creada en marzo de 1991 por los hermanos Castaño Gil como una entidad sin ánimo de lucro para establecer contactos con ganaderos y políticos de la región a fin de facilitar entrega de tierras a los campesinos. En calidad de representante legal fue designada Sor Teresa Gómez Álvarez. Según información del periódico El Nuevo Herald de E.U., en 2001, Funpazcor se transformó en una empresa de fachada para la adquisición de tierras, tráfico de armas y lavado de activos. No obstante, las investigaciones judiciales del caso Funpazcor, en su mayoría terminaron archivadas durante la gestión del ex fiscal Luis Camilo Osorio.

    Por eso Sor Teresa Gómez Álvarez reapareció en el Urabá y, en calidad de representante legal de Asoprobeba, en 2003 suscribió contratos de comodato con campesinos convertidos en cordones de protección familiar para nuevas tareas de apropiación ilegal de tierras. Para junio de 2001, la Cámara de Comercio de Urabá ya no registra su representación legal en la asociación, pero su nombre vuelve a relacionarse como sindicada del asesinato de la líder campesina Yolanda Izquierdo, ocurrido el 31 de enero de 2007, en medio de sus reclamos sobre la propiedad de tierras parceladas por los hermanos Castaño en el departamento de Córdoba.

    Las reuniones

    A pesar de estos antecedentes, Asoprobeba sigue participando en reuniones con representantes del Estado y los organismos de control para discutir la problemática de las tierras, los desplazamientos y los linderos de los títulos legítimos. Por ejemplo, en la vereda Santa María del municipio de Belén de Bajirá, el 8 de junio de 2007, a solicitud de los repobladores de Asoprobeba, se adelantó una reunión para discutir sobre propiedad de tierras y a ella acudieron el director regional del Incoder, el personero de Riosucio, el vocero de Codechocó y hasta el coordinador del programa presidencial Acción Social en Urabá, Luis Mario Gaviria Vélez.

    Este último funcionario, hermano del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, llegó como coordinador de Acción Social en Urabá en marzo de 2004 y desde entonces ha cumplido una activa labor para resolver los conflictos de titulación de tierras, retorno y reubicación de campesinos desplazados, seguridad alimentaria y obras de infraestructura del Estado. En su gestión, por fuerza de las circunstancias y las tensiones sociales en la región, también ha tenido que participar en reuniones para buscar aproximaciones entre las empresas palmicultoras y los campesinos que reclaman sus tierras.

    Según lo documentó la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en carta enviada el pasado 12 de febrero a la Vicepresidencia, los Ministerios del Interior y Medio Ambiente y los titulares de los organismos de investigación y control, el pasado 7 de febrero, en Bogotá, Luis Mario Gaviria se reunió con las empresas palmicultoras que hoy están investigadas por la Fiscalía por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir y usurpación de tierras, a fin de propiciar un acuerdo para que parte del territorio colectivo que hoy está sembrado ilegalmente con palma de aceite, sea entregado a los trabajadores de las empresas.

    La citada asociación Asoprobeba, junto con la Corporación de Desarrollo y Vida del Darién (Cordesvida) y otras Ong del Urabá hacen parte del conglomerado llamado Alianza Colombiana Sin Hambre, organización asentada en San Pedro de Urabá que, según informaciones periodísticas, es el mecanismo a través del cual Vicente Castaño y sus segundos inciden en las comunidades del Bajo Atrato chocoano. Según el Colectivo Justicia y Paz, uno de sus promotores, a través de Cordesvida, es el ex alcalde de Chigorodó, Amador Caicedo, hoy procesado por apropiación ilegal de tierras.

    Con esta clase de evidencias, cobra plena vigencia el comentario manifestado por el jefe paramilitar Carlos Mauricio García, alías Rodrigo Franco o Doble Cero, en septiembre de 2003, meses antes de ser asesinado por sus propios compañeros de armas: “Los proyectos de palma africana del sur el eje bananero de Urabá, chorrean sangre, miseria y corrupción. La forma en que han sido adquiridas las tierras y el dinero supuestamente prestado por entidades de fomento agroindustrial, hacen parte de una cadena de lavado de dineros del narcotráfico, testaferrato, desplazamiento forzado, muerte y violencia”.

    Desde esa misma época ya lo había advertido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dos años después, en junio de 2005 lo hizo también la Defensoría del Pueblo. Lo tuvieron siempre claro el Incoder y Codechocó, pero dichas evidencias no fueron óbice para que las empresas palmicultoras fueran beneficiarias de créditos del Banco Agrario y Finagro por valor superior a los $10 mil millones. Sólo después de que el Consejo de Estado en agosto de 2007 aclaró que los títulos colectivos no podían sustituirse por otras formas de acceso a la tierra, el Ministerio de Agricultura pidió la intervención de la Fiscalía y denunció la apropiación de tierras en Urabá.

    En diciembre de 2007, la Fiscalía ordenó vincular mediante indagatoria a 23 representantes legales de las empresas palmicultoras, y se han compulsado copias para investigar a funcionarios públicos que facilitaron acciones ilegales con los títulos de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. Entre los llamados a comparecer ante la justicia aparecen Jaime Sierra Moreno y Antonio Zúñiga Caballero, dos de los representantes del gremio de los palmeros que desde mediados de 2005 sostuvieron activa interlocución con el Estado para resolver el conflicto de los territorios colectivos en Urabá.

    Una de tales reuniones, como aparece documentado, tuvo lugar el 25 de mayo y, a nombre del Gobierno, participó el consejero presidencial Carlos Franco, quien envió un minucioso reporte a la Vicepresidencia, los Ministerios de Agricultura, Defensa e Interior, la gerencia del Incoder y las autoridades militares y de policía en Urabá, para avanzar en el esclarecimiento de los títulos colectivos. Paradójicamente y según se lee en el oficio, entre los cuatro representantes del gremio de los palmeros concurrió Ignacio Guzmán, quien desde el 10 de octubre de 2002 oficiaba como embajador de Colombia en México.

    Su hoja de vida lo califica como activo defensor de los cultivos de palma de aceite, presidió la Asociación de Empresarios Exitosos por la Paz que apoyó la siembra de la palma de aceite, fue compañero de lista del ex senador Mario Uribe para la legislatura de 1986-1990, fundador del proyecto Primero Antioquia que llevó a Álvaro Uribe a la Gobernación del departamento, gobernador encargado en 17 ocasiones, director encargado de Corpourabá y desde el pasado 6 de agosto de 2007 desempeña funciones como cónsul en Miami. Hoy el diplomático está alejado del problema que judicialmente afrontan los palmicultores de Urabá por la acción de la Fiscalía.

    Dos de los representantes legales de las palmeras ya rindieron indagatoria. Javier Daza Pretel de Urapalma e Iván Patiño Patiño de Palmas S.A. Tendrán que hacerlo también los representantes de Palmas de Curvaradó, Palmas del Atrato, Palmura, La Tukeka, Selva Húmeda e Inversiones Fregni Ochoa. Pero mientras la Fiscalía esclarece qué pasó en Urabá con los títulos colectivos, las empresas palmicultoras, los grupos paramilitares y el narcotráfico, ya hay una acción urgente para que el Estado no se vuelva a equivocar: urge proteger la vida de María Ligia Chaverra y Manuel Denis Blandón, los líderes negros de Jiguamiandó y Curvaradó.

    nquevedo@elespectador.com