Una de las más representativas movilizaciones ciudadanas, duramente perseguida y exterminada en la década de los ochenta, noventa y parte de la década del dos mil, será sujeto de reparación colectiva. La protesta ciudadana se dio en reacción a la construcción de la Central Hidroeléctrica de Guatapé por parte de Empresas Públicas de Medellín, considerada, en su momento, un hito de la ingeniería. La obra transformó para siempre la vida de los campesinos.

Mediante Resolución 2018-529, proferida el 22 de enero de este año, la Unidad Especial para la Atención y la Reparación a las Víctimas admitió al Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño como víctima del conflicto armado y, por tanto, se apresta a solicitar medidas de reparación colectiva.

Con la decisión, la entidad estatal reconoció no sólo la importancia histórica que tuvo un movimiento social que logró aglutinar a todas las fuerzas vivas de esa zona del departamento en momentos en que se ejecutaban las obras de infraestructura que transformaron de manera profunda esa región, sino, además, toda la violenta persecución que se desató contra sus integrantes desde mediados de los años ochenta hasta bien entrada la década del dos mil.

“Estamos hablando de por lo menos 250 líderes asesinados en casi todos los municipios del Oriente antioqueño. Muchos de esos crímenes están en total impunidad”, señala Carlos Ruiz, uno de los sobrevivientes de este Movimiento y quien, desde 2013, “se echó al hombro” la tarea de reconstruir la memoria histórica de lo que fue, sin duda, la mayor expresión de movilización ciudadana que haya tenido lugar en Antioquia.

“Conversando con unos amigos nos propusimos hacer algo para honrar la memoria de Ramón Emilio Arcila, oriundo de Marinilla y quien fuera uno de los líderes más destacados del Movimiento. Pero luego pensamos que había muchos líderes que también fueron importantes y que era necesario también honrar sus memorias y su aporte a ese momento histórico”, explica Ruiz.

Fue así como comenzó un proceso que lo llevó a contactar viejos amigos de luchas comunitarias y visitar otros líderes que sobrevivieron a la persecución violenta para reconstruir, lo más fielmente posible, lo que fue la historia del Movimiento Cívico.

Toda esa tarea la complementó con un número importante de foros, asambleas regionales, seminarios, talleres e incluso un diplomado en “Cultura política, derechos humanos y paz territorial”, eventos que contaron con la participación de reconocidas organizaciones defensoras de derechos humanos de Antioquia, representantes del Iglesia Católica, magistrados del Tribunal Superior de Medellín, líderes regionales, sociólogos, historiadores, educadores, entre otros.

El resultado de todas esas actividades fue la elaboración de un documento que recoge cientos de hechos victimizantes padecidos por quienes integraron este Movimiento, tales como homicidios, torturas, desplazamientos forzados, allanamientos, amenazas contra la vida, retenciones ilegales y persecución.

“Y ese proceso culminó con el reconocimiento que hizo la Unidad de Víctimas del Movimiento Cívico como víctima colectiva. Pero no queremos quedarnos sólo en la reparación. Ahora esperamos trabajar de la mano de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) para que se tenga en cuenta el caso del Oriente antioqueño para que haya verdad”, señala Ruiz y agrega que ya tienen claro qué anhelan como reparación colectiva: “No pedimos nada material ni obras ni nada por el estilo; lo que pretendemos es que se fortalezca la investigación social, la formación ciudadana y que, a futuro, se pueda crear una universidad para la paz en el Oriente antioqueño, que ayude a recuperar la masa crítica que alguna vez tuvo la región”.

Obras transformadoras

Para entender lo ocurrido al Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño es necesario conocer la historia que hay detrás de la construcción la Central Hidroeléctrica de Guatapé -que junto con la construcción de la autopista Medellín-Bogotá y el aeropuerto internacional José María Córdova-, transformó radicalmente los modos de vida de los pobladores de esta productiva región del departamento.

El proyecto energético, que venía madurándose desde mediados del siglo XX, comenzó formalmente obras en 1964 y no exageraban los responsables de su ejecución, en este caso las Empresas Públicas de Medellín (EPM), al señalar que se trataba de la mayor obra de ingeniería en Colombia en su momento, dada su envergadura, la dimensión de las obras requeridas y la inversión realizada (costó más de 40 millones de dólares).

Para hacerse una idea de sus dimensiones valga decir que, en la década de los sesenta, todas las plantas de energía de EPM generaban poco más de 170 mil kilovatios, mientras la Central entró a generar en su primera fase 250 mil kilovatios para luego, una vez culminadas las obras, generar más de 550 mil kilovatios. Para lograr esa generación, se tuvo que inundar un área de 6.240 hectáreas de los municipios de Guatapé, el Peñol, San Rafael, San Vicente y Alejandría.

Ese gran esfuerzo de la ingeniería antioqueña también generó fuertes impactos sociales. Construir la Central implicó la inundación total del casco urbano del municipio de El Peñol y una parte de su zona rural, así como una zona considerable del casco urbano del municipio de Guatapé. Además, se perdieron miles de hectáreas dedicadas a la producción agropecuaria, lo que llevó a la quiebra económica a ambos municipios durante los años que duró la construcción del megaproyecto.

A esa situación se sumó al desarraigo de cientos de familias campesinas, la llegada de miles de obreros provenientes de la ciudad -con los choques culturales que ello genera- y la transformación de los valores culturales de una población apegada a tradiciones campesinas ancestrales.

Como si fuera poco, la política de compra de tierras necesarias para el megaproyecto adelantada por EPM, considerada por los labriegos como arbitraria e injusta, la falta de concertación con las comunidades, la ausencia de estudios que advirtieran los impactos sociales y la negativa de la Empresa a reconocer y resarcir los daños que estaban causando las obras fue incubando un malestar general entre los habitantes de El Peñol y Guatapé que terminó estallando en sendos paros cívicos realizados en abril de 1969 y enero de 1970.

Las protestas lograron unir a las comunidades alrededor de la defensa del territorio a todos los sectores sociales de estos municipios: campesinos, ganaderos, estudiantes, comerciantes, los políticos locales, la Iglesia Católica, docentes, organizaciones comunitarias. Semejante muestra de movilización ciudadana sería la semilla de lo que más tarde sería el Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño. En su momento, las protestas fueron reprimidas por la Fuerza Pública y buena parte de las peticiones de las comunidades fueron desconocidas o incumplidas por EPM.

El más flagrante incumplimiento fue la reubicación de la cabecera municipal de El Peñol. Así, mientras la construcción de la Central continuó su marcha, produciéndose el llenado de la represa en junio de 1970 para luego ser inaugurada oficialmente en julio de 1971, las obras del nuevo Peñol, para ese momento, no alcanzaban el 10 por ciento, tal como lo consigan diversas investigaciones sociales sobre movimientos y paros cívicos en el Oriente antioqueño, entre ellas la de Orlando Sáenz Zapata.

La entrada en operación de la Central no significó el fin de los conflictos sociales. Por el contrario, durante la década de los setenta el malestar contra EPM comenzó a extenderse a otros municipios como Marinilla, Rionegro, Cocorná, Carmen de Viboral, San Rafael y San Carlos. La insatisfacción popular por el incremento de las tarifas de energía y la mala prestación del servicio, pese a ser la despensa energética del país, condujo nuevamente a nuevos paros cívicos en 1982 y 1984.

Protesta, propuesta, represión

El paro cívico de octubre de 1982 logró convocar nuevamente a todos los sectores sociales, pero esta vez de todos los municipios del Oriente antioqueño. Con las lecciones aprendidas luego de las movilizaciones de los años sesenta, las comunidades decidieron organizarse mucho mejor: en cada municipio se creó una junta cívica que convocaba asambleas populares periódicamente y a su vez, estas juntas cívicas municipales acordaron la creación de una coordinadora regional. Fue así como nació el Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño.

“No era un movimiento partidista-político ni mucho menos. Se trataba de una movilización ciudadana, con participación de todos los sectores sociales; claro, también se vincularon sectores políticos tradicionales y alternativos, porque se trataba de una problemática que nos tocaba a todos”, recuerda Ruiz, quien participó activamente en la consolidación de la coordinadora regional y en el paro cívico de 1982.

Otra figura clave en la consolidación del Movimiento fue Ramón Emilio Arcila Hurtado, oriundo de Marinilla, “un líder de esos que nacen siendo líderes. Desde el colegio fue un líder, en la Universidad de Antioquia, también se convirtió en líder estudiantil. Allá estudió economía y allá fue dónde conoció a Jesús María Valle. Al final se volvieron grandes amigos y Valle terminó apoyando a Ramón en muchos asuntos del Movimiento Cívico”, recuerda Ramón Osorio Arcila, amigo de infancia y juventud.

Muchos le atribuyen a Ramón Emilio Arcila la frase “de la protesta a la propuesta sin dejar de protestar”, que prácticamente se convirtió en el credo un Movimiento Cívico que se caracterizó por su dinamismo y fuerte cohesión. El 15 de octubre de 1982, gracias a la intensa presión ciudadana ejercida a través del paro cívico, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Villegas Moreno; y Álvaro Uribe Vélez, como representante legal de EPM, accedieron a estudiar las peticiones de las comunidades tales como la prestación del servicio de energía por parte de la Empresa, eliminación del recargo rural y el cumplimiento del Contrato Maestro Peñol-EPM, una deuda social de la empresa que databa desde los años de la construcción de la Central Hidroeléctrica.

La historia indica que, nuevamente, las peticiones de las comunidades del Oriente fueron desconocidas o incumplidas por parte de EPM y la Gobernación de Antioquia, lo que motivó un nuevo paro cívico, que tuvo lugar en febrero de 1984. Pero en esta ocasión, a la represión oficial, que comenzó en 1982 con la detención de más de 500 estudiantes y líderes regionales que invitaban a las comunidades a participar en las movilizaciones, se le sumaron sectores armados que veían la protesta como una “acción dirigida y coordinada por las guerrillas”.

Tal como lo consigna Carlos Olaya, profundo conocedor de la historia de esta región, en su texto El exterminio del movimiento cívico del Oriente de Antioquia: “el peligro que se cernía sobre los líderes cívicos se agravaba con los señalamiento efectuados por el periódico El Colombiano, que nombraba a los dirigentes de la protesta con los calificativos de ‘extremistas, subversivos, anarquistas, revoltosos y agitadores profesionales’, poniéndolos en alto riesgo frente a los recién creados grupos paramilitares que profesaban un peligroso credo antisubversivo, según el cual la protesta popular se considera como parte de la supuesta estrategia de la guerrilla para derrocar al Estado”.

Del desprestigio se pasó a los asesinatos de los líderes más representativos del Movimiento. El primero de ellos fue el de Julián Darío Conrado David (23 de octubre de 1983), médico cartagenero que luego de cursar su año rural en San Carlos, se vinculó activamente a la junta cívica de este pueblo. Luego seguirían los de Jaime Giraldo e Iván Castaño (19 de agosto de 1984), asesinados también en San Carlos.

“A mediados del año 1985 los escuadrones de la muerte recrudecieron sus acciones contra los habitantes de San Carlos, a tal punto que en tan sólo algunos meses acribillaron a treinta pobladores, hecho denunciado ante las autoridades por los líderes del movimiento cívico, denuncia que no fue atendida”, consigna Olaya en su texto.

A estos trágicos homicidios se sumarían los de Gabriel Velázquez Urrego (28 de febrero de 1986); William Genaro Tamayo (20 de marzo de 1986); Froilán Arango Echavarría (28 de noviembre de 1987); Jorge Alberto Morales Cardona (11 de abril de 1988); Luis Felipe Noreña (junio de 1988); Alberto Giraldo Castaño (7 de octubre de 1988); Antonio Martínez Moreno (10 de octubre de 1988); Gabriel Jaime Santamaría, diputado de la Asamblea de Antioquia que apoyó decididamente al Movimiento Cívico (27 de octubre de 1989); y Ramón Emilio Arcila, asesinado en Marinilla un 30 de diciembre de 1990.

“Al momento de su asesinato estaba pensando seriamente en participar en las elecciones para alcalde de Marinilla. Fue en la época de su muerte que se aprobó la elección popular de alcaldes. Para Marinilla y para todo el Oriente en general su muerte fue una muerte dolorosa. Porque era muy escuchado por los alcaldes de esta región”, recuerda su amigo Ramón Osorio Arcila mientras que Carlos Ruiz añade: “me tuve que ir de la región porque me hicieron un atentado. Sobreviví a dos atentados contra mi vida y tuve que vivir por fuera de la región durante varios años”.

Recuperar liderazgos

Muchos de los crímenes de los líderes más representativos del Oriente antioqueño aún permanecen en la impunidad. Por ello, para Ruiz, la reparación colectiva es tan sólo un primer paso de un proceso que debe conducir al esclarecimiento de la verdad.

“Por eso, el próximo 7 de julio vamos a tener un encuentro aquí en el Oriente antioqueño, con varios integrantes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, porque queremos que se avance en la búsqueda de la verdad, que se sepa qué fue lo que ocurrió”, señala el activista, quien también espera que el proceso de reparación colectiva que, iniciará próximamente, ayude a formar nuevos liderazgos y una nueva masa crítica en el Oriente antioqueño.

“Para darle un ejemplo de lo que se logró en esa época está la creación de Cornare (Corporación Autónoma Regional del Río Nare), eso fue una petición expresa del Movimiento; otro logro fue que se trasladaran transferencias a los municipios donde se ubican las centrales hidroeléctricas por parte de las Empresas Públicas de Medellín. Había liderazgo y eso se perdió. Soy un convencido de que si hubiera un movimiento como el de aquellos años, quizás no se hubiera vendido Isagen”, afirma Ruiz.

Igual opinión comparte Osorio Arcila, quien siente que “desde el asesinato de Ramón (Emilio Arcila) el liderazgo en el Oriente antioqueño se perdió mucho. Pero en este momento hay unas organizaciones muy jóvenes aquí en Marinilla que tienen un sentido de mucha pertenencia de lo que fue el Movimiento Cívico y están impulsando un trabajo para recuperar toda esta actitud crítica. Y este proceso de reparación colectiva puede ayudar a eso, porque se está reconociendo el valor de todos los pobladores de los municipios que se movilizaron para hacer valer sus derechos”.