“Esta es la vía más difícil para llegar, donde todavía se puede ver el horror de lo que pasó en San Carlos”, dijo Luz Patricia Correa el miércoles en la mañana cuando se dirigía hacia este pueblo del Oriente antioqueño. Para llegar a San Carlos hay dos vías, una pavimentada desde San Rafael donde tuvieron presencia los paramilitares hasta 2005, y por la que va Correa que viene desde Granada, donde tuvieron presencia las Farc y el ELN hasta la misma fecha.

En las casas que están sobre la carretera de Granada pueden catalogarse tres tipos de casas: las abandonadas, las que están a la venta, y las que ya están siendo habitadas.

La mayoría de los campesinos que vivía a los lados de la carretera de Granada no ha regresado. De sus casas se apoderaron los árboles y la hierba, las tejas se cayeron y sus muros aún tienen graffitis que dejaron los grupos armados. “Muerte a sapos de paras”, dice unos de ellos. A las casas abandonas no se puede entrar hasta que el Ejército verifique que no hayan dentro minas antipersonales.

De los muros y las puertas Correa está pendiente. Ella quiere llevar el registro de las casas donde ya retornaron sus dueños y de las casas donde aún están las marcas de la violencia. “Unos se adaptaron. Pero otra gente no pudo, vio su casa y dijo “no puedo, acá pasaron demasiadas cosas, demasiado dolor””, explicó Correa. Una de esas casas de no retorno tiene un letrero en el portón: 'Se vende o se cambia por casa en Medellín'.

Luz Patricia Correa es gerente para la Coordinación y Atención del Desplazamiento Forzado en Medellín, una oficina que el alcalde Alonso Salazar decidió crear en noviembre de 2008 y que busca acompañar a todos los campesinos de San Carlos que se desplazaron a los barrios de Medellin y ahora quieren retornar. Es un proyecto piloto de la Alcaldía de Medellin, cuyo éxito o fracaso servirá para anticipar las posibilidades y desafíos del proceso de restitución de tierras una vez se apruebe (si se aprueba) la Ley de víctimas y restitución de tierras.

"Este es un programa de ensayo y error, solo que no podemos equivocarnos”, explica una de sus asistentes. Correa le pide a su conductor que pare el carro, cree que en una de las casas que acaba de pasar alguien retornó. Se baja, le da una vuelta a una casa rodeada de maleza y abandonada. Aunque nadie responde a sus llamados Correa tiene dos indicios que le hacen pensar que alguien está visitando la casa para regresar: las puertas están recién pintadas de verde y en el portón plantaron una rosa.

Correa le pide a su asistente que esté pendiente de la casa, le dice que toca confirmar si son retornados de Medellín, si ya saben del programa y si tienen los prerrequisitos para ser beneficiarios. Luz Patricia vuelve al carro, “sigamos pues que nos quedan todavía muchas visitas”
 

La tarea de Correa

Luz Patricia Correa es gerente para la Coordinación y Atención del Desplazamiento Forzado en Medellín.

A Luz Patricia Correa la llamó Alonso Salazar en abril de 2009 cuando ya era evidente que cientos de sancarlitanos viviendo en Medellín se estaban devolviendo a su municipio y alguien debía coordinar el programa de retorno con el que se había comprometido. Y la persona idónea para el trabajo era Correa, el desplazamiento ha sido su especialidad.

Patricia es sicóloga de la Universidad de Antioquia e hizo su tesis sobre la violencia en Apartadó, cuando ya se escuchaban las primeras denuncias sobre la alianza entre los paras y la multinacional bananera Chiquita Brands. Se quedó trabajando en Urabá y allí fue testigo del exterminio de la Unión Patriótica en la zona. Más tarde llegó a El Salado en la Costa, justo después de la masacre en 2000. “Yo creo que tengo un karma con la guerra, siempre llego a un lugar después de una masacre”, dice Correa.

En la vía ella cuenta cómo un campesino que retornó a San Carlos le contó que en uno de los polideportivos del pueblo los niños ya no juegan como lo hacían antes de la guerra. Hoy ni los niños ni nadie pasa por este lugar. “Va a tocar realizar un taller allá o hacer eventos para que la gente revisite el poliderpotivo. Es que es como en El Salado, la masacre sucedió en una cancha y después de eso las víctimas veían el lugar de otra forma”, reflexiona Correa.

El proyecto de ayuda sicológica para la población retornada no hacía parte del proyecto piloto cuando Correa lo asumió. Como no existe aún un marco jurídico que diga cúal es la fórmula exacta para un retorno exitoso, el retorno se va dando sobre la marcha.“En el primer proyecto, por ejemplo, pensábamos que todo el presupuesto lo íbamos a gastar en vivienda, en levantar casas, en volverlas a hacer y en el desminado. ¿Pero y de qué iban a vivir los retornados?", dice.

En el segundo proyecto incluyeron algo que les permitiera generar ingresos y arrancaron a pensar en proyectos agrícolas, como entregarle unas gallinas o palas o cualquier herramienta para el campo que fuera útil. Pero resultó que la mayoría de los retornados llegó a la zona urbana de San Carlos y no a la rural. Ellos no necesitaban gallinas. Ahora ella está buscando que se confirme un acuerdo con la Organización Internacional de Migraciones que le permita darle a los retornados la posibilidad de trabajar en cerrajería, arreglos de ventanas o lo que ella llama ‘trabajos más urbanos’.

También surgió el problema educativo: varios colegios de las veredas de San Carlos estaban destruidos, así que tuvo que pedir ayuda a la Gobernación de Antioquia para su reconstrucción. Los niños que viven en la carretera de Granada ya van al colegio, y los recoge una chiva que los transporta gratis. En la carretera, ese miércoles, una de las chivas pasó al lado de la camioneta en la que va Correa. Todos los niños tienen uniforme, camiseta blanca, sudadera verde, son más de 40 y no hay puesto para todos.

Además de coordinar con todos los funcionarios públicos, de grabar en su blackberry los números de las instituciones que podrían ayudar en el proyecto piloto, Correa es una microgerente. En la carretera va preguntando si la familia que acaba de llegar ya tiene colchones y cobijas, le pide a su asistente que le entreguen otro par de gallinas a otra familia y también se acuerda de que debe llamar a uno de los ingenieros que les ayuda con la reconstrucción. “¿Se acuerda de esa señora que estaba pensando en poner todas sus cosas en un lotecito de dos por dos? A esa señora hay que colaborarle rápido”, le dice a su asistente.

Los retornos por la vía de Granada

En el recorrido por San Carlos Correa visitó la casa de Marleny y Elkin, una pareja que abandonó el pueblo en 2002 y que retornó hace dos años. Para entrar a su casa hay que caminar una trocha de 300 metros. Al llegar se ve un techo plateado resplandeciente con el sol y tres gallinas gordas que les dan huevos para vender en el pueblo. Esas tres son sus gallinas de oro, y ellos dos son uno de los casos exitosos de retorno en San Carlos.

Marleny y Elkin abandonaron su casa cuando las Farc mataron a dos de sus vecinos y comenzaron a presionarlo a él para que entrara a las filas de la guerrilla. A las cinco de la mañana salieron con una maleta, tres niños y la ropa. Pararon en la carretera una chiva que iba hacia Medellín y allí se quedaron por seis años. La historia de la mayoría de las familias que retorna de la ciudad es parecida a la de esta pareja. No se quieren quedar allá porque es más caro, porque lo que se trabaja en el día se gasta en la noche, porque es “muy aburrido vivir de arrimado”, porque la ciudad es demasiado contaminada, porque hace demasiado ruido. Porque no es San Carlos.

Así que decidieron volver en 2008, sin saber bien qué había pasado con su pueblo. Elkin llegó primero al potrero donde tenían su casa, los helechos la habían cubierto y no tenía tejas. En la trocha caminó despacio mirando hacia el piso porque el camino podía estar lleno de minas (San Carlos es el segundo municipio con más minas antipersonales en el país). Pero después de hablar con los vecinos supo que era posible volver, ya no había ni minas ni grupos armados. En la noche llamó a Marleny y ella llegó al día siguiente con sus tres hijos.

Se demoraron ocho meses en desmalezar con machete y quemar las hierbas en un azadón. El programa de la Alcaldía les entregó las tejas y las gallinas y con lo que vendieron fueron recuperando las ollas que les robaron cuando abandonaron su casa. No tienen aún muchos muebles, pero las ollas las cuelgan como un trofeo en la cocina.

No todos los casos son igual de exitosos porque no todos los retornados pueden acceder al programa de la Alcaldía de Medellín. Un kilómetro adelante de la casa de Marleny y Elkin están sentadas en el portón de una casa blanca Sandra y Myriam, cada una arrullando a un niño en sus brazos.

Sandra acaba de volver de Medellín y en dos cuartos duermen siete, ella, sus hijos y su marido. Pero la casa no es suya. La suya está ahora partida por la mitad y a causa del invierno está en una zona considerada ahora de alto riesgo. La casa blanca en la que descansan es de un amigo en Medellín, que le prometió que no volvería y que se la prestaba. Ella no tienen títulos de la casa donde ya está planeando cultivar tomates, caña o fríjoles.

Myriam, en cambio, tiene los títulos de su casa, pero su problema es mucho más complejo. No puede acceder a los beneficios del programa porque nunca se declaró como desplazada en Medellín. "A mi los paracos antes de que me fuera me advirtieron que no dijera nada, que si no me mataban. Y pues, ¿quién se atrevía?”.

Myriam regresó en 2007 y el programa piloto de la Alcaldía solo cobija a los retornados de Medellín después de 2008. Es decir, quien haya decidido retornar antes de 2008 o desde otra ciudad que no fuera Medellín como Montería  -otra de las ciudades destino de los desplazados de San Carlos- no recibe los beneficios. Y como ella nunca se declaró desplazada en Medellín no tiene como probar que vivió en la ciudad, que también se aburrió allá y que por eso decidió volver.

El retorno sin la Alcaldía

Pero los esfuerzos por el retorno comenzaron mucho antes de que llegara la Alcaldía de Medellín. Los primeros desplazados que volvieron a San Carlos no llegaron a terrenos desminados y por esto muchos pasaron días tirando piedras a los campos para hacer explotar las minas que estaban cerca de sus casas. Algunos, incluso, sacrificaron a sus vacas para acabar con las minas. Las volvían carne de cañón. Entre varios campesinos, cada uno ponía una vaca y las dejaban durante días en los potreros para que ellas desminaran el terreno.

 Pastora Mira es una de las pocas personas que se quedó en San Carlos.

 

Una de las primeras personas que comenzó a hablar de desminado humanitario en el pueblo fue Pastora Mira, una mujer que no se desplazó en la época de la violencia. Ella vio cómo se fue el 73 por ciento del pueblo. Ella es concejal y a quien varios sancarlitanos se refieren como “una tesa”, “una mujer admirable”, “la persona que más entiende lo que pasó en este pueblo”.

Cuando la conocí, me esperaba en el centro de San Carlos, en la plaza principal. “Yo creo que el proceso de retorno no ha sido tan exitoso como el proceso de reconciliación en San Carlos y  la razón por la que hoy hay tranquilidad en este pueblo no es por la ayuda de ninguna alcaldía sino por lo que hemos hecho nosotros, la gente”, dice Pastora.

Ella es una mujer de cincuenta años, delgada y alta, que cuando está en el kiosko de la plaza se puede tomar cinco tintos en una hora. Cuando habla del conflicto alza la voz, señala las cuatro esquinas de la plaza para indicar dónde sucedió cada hecho violento en el pueblo, a qué hora, en qué fecha, el apodo de la víctima, lo que le gustaba comer y hasta lo que dijeron sus familiares el día del velorio. Una versión antioqueña de Funes el Memorioso, el personaje de Borges que no olvida ningún detalle.

A su padre lo mataron por ser liberal a principios de los sesenta. Pastora recuerda que fue en la calle frente a su casa, que su madre se lanzó a abrazarlo pensando que podría salvarlo de esta forma, y que un chulavita empujó la cabeza de ella con su revolver, y le disparó a él.

En 2001 los paras secuestraron a su hija durante seis meses, la asesinaron y Pastora tan solo encontró su cuerpo ocho años después. “Yo sabía que la tenían secuestrada en Jordán, tenía conocidos que me daban noticias de ella, pero ese 5 de febrero yo sabía que la mataban. Venía desde Medellín, en un bus que llegó a San Carlos a las 6:50 de la tarde. Fue en el bus, que sentí que me arrancaban algo”. Se agarró la garganta como signo de dolor.

En 2005 los paras secuestraron, violaron y torturaron a su hijo durante cinco días. El que entonces era el Alcalde del pueblo lo encontró en la carretera de San Rafael, la pavimentada, la de dominio paramilitar.“¿Se acuerda Pastora que el alcalde le dijo con un tono cínico que su hijo estaba allá, y que él sabía que usted era capaz de ir a recogerlo así fuera en mula pero que le pedía que se esperara, que él ya había mandado una volqueta por su cuerpo?”, le preguntó uno de sus amigos, exconcejal y ahora publicista de San Carlos que toma tinto con Pastora en la plaza. “Así fue”, respondió ella.

Antes de morir, su hijo le recomendó a uno de los paras- que tenía una herida en el ojo izquierdo y quería desmovilizarse- que visitara a Pastora porque ella le ayudaría. “Fue el 5 de mayo de 2005, yo estaba en la cafetería de la plaza y llovía. Un amigo se acercó, me dijo que me buscaban en mi casa. Caminé tres cuadras, entré y lo ví, tenía puesta ropa de mi hijo y estaba tomando un chocolate caliente en la mesa, en mi comedor. Me saludó, yo sabía quién era porque uno sabe quién es todo el mundo en el pueblo. Y mi marido, cuando vio mi cara, salió del comedor para el cuarto. El muchacho me contó todo lo que habían hecho con mi hijo.” Pastora cuenta que le dio una plata al desmovilizado, él se fué y ella se quedó en el comedor pensando. No podía contárselo a su marido, él siempre había sufrido del corazón. Con la verdad se quedaba ella.

El posconflicto de Pastora

Para Pastora el retorno solo será un éxito cuando exista una ley que sirva como marco jurídico para las instituciones. El proyecto de víctimas que está en el Congreso propone, en su capítulo para desplazados, la exoneración del impuesto predial para la población desplazada que retorna. Y ese es un punto clave para ella, porque el predial se le está cobrando a los retornados y si ellos no tienen cómo pagarlo, los recursos del municipio bajan.

“Y si no se cobra, por falta de eficiencia fiscal, al municipio les recortan los recursos del sistema general de participaciones. Hoy tenemos menos recursos para atender a los retornados, tenemos menos autonomía también. En cambio si pasa la Ley de víctimas se puede cubrir el déficit fiscal desde el Ministerio de Hacienda. Y más gente retornará, porque ya no les deben nada a nadie”, explica.

Pastora puede pasar toda la noche en el kiosko del pueblo hablando sobre el posconflicto que vive San Carlos. Y sí, para ella en San Carlos se habla de posconflicto así en el resto del país la violencia siga viva. “Pero acá la guerra no vuelve, no la dejamos volver a entrar”, dice, golpeando la mesa con su puño y haciendo temblar las tres tazas de café que acaba de tomar.

Ella, el exconcejal que la acompaña a su izquierda y un líder de víctimas de minas antipersonales a su derecha, hablan media hora, orgullosos, explican por qué San Carlos sí es un ejemplo a seguir para el país. Más que por el proceso de retorno, por un esfuerzo de los sancarlitanos para la reconciliación.

“Yo me declaro madre de los desaparecidos”: Pastora Mira

Pastora en 2001 comenzó a reunirse con las madres del barrio la Natalia y mientras que en el día cultivaban en un solar del barrio tomates o brocoli, en la noche discutían sobre las estrategias para encontrar los cuerpos de sus hijos desaparecidos en las tierras que ahora estaban abandonadas, controladas por los paramilitares o llenas de minas.

Una de esas estrategias consistió en deslizar por debajo de las puertas del pueblo mapas del municipio, para que los vecinos con miedo señalaran -si lo sabían- dónde estaban algunas de las fosas comunes. Pero la verdad la conocían sobre todo los paras, así que con la Ley de Justicia y Paz se abrió la posibilidad de encontrar los cuerpos más fácilmente. Fue por la declaración de uno de ellos que Pastora pudo encontrar el cuerpo de su hija en 2009.

En 2006 las madres decidieron fundar el CARE, el Centro de Acercamiento para la Reconciliación. El CARE es una casa blanca que queda a una cuadra de la plaza. La casa de tres pisos era un centro de operaciones de las autodefensas, donde torturaron a varios de los sancarlitanos, interrogaron a otros y otros más fueron asesinados. En el solar que está en la parte posterior del CARE se encontró el cuerpo de Johana, una de las jóvenes desaparecidas.

El CARE tiene sus puertas abiertas desde las 9 de la mañana , y allí se reúnen ahora quienes han sido víctimas de una mina antipersonal, se reúnen quienes han perdido a sus familiares y se reúnen también los desmovilizados. Y además de brindar una asesoría legal a estos tres grupos, también se realizan trabajos simbólicos.

Uno de ellos está colgado en una de las paredes .Las madres colgaron en un tablero flores con los nombres de los desaparecidos y cuando los cuerpos se encuentran, las flores se reemplazan por libélulas. Al lado del tablero, que llaman ‘el Jardín de la Esperanza’, están en una caja unos cuadernos. En estos cada desplazado puede contar cómo fue el día cuando lo dejó todo, lo que perdió, lo que sintió y el día en que regresó. El Guernica de Picasso está en otra de las paredes, pero la obra del pintor español está cortada en la mitad: la otra mitad es el dibujo de uno de los niños del pueblo, que pintó la guerra civil que él vivió.

El CARE también organiza eventos. En la plaza se reunieron en 2009 desmovilizados y víctimas, hicieron un círculo y todos tenían banderitas blancas. “¿Quién acá está en condiciones de asumir lo que pasó en este pueblo?” fue la pregunta del evento. Poco a poco, varios levantaron su bandera, pasaron al centro del círculo y tomaron el micrófono para contar su experiencia o para pedir perdón. “Por esos eventos es que San Carlos ya no tiene rabia, por eso es que podemos vivir todos juntos en un mismo pueblo”, es la teoría de Pastora.

En la mañana del jueves sus dos hijas -que administran el CARE- reciben a algunos funcionarios de la alcaldía de Medellín y entre esos está Luz Patricia Correa. Hablan del proyecto de desminado, de los víveres que deben entregarse a los militares que aún están desminando los alrededores de San Carlos. El CARE le lleva mucha ventaja a la alcaldía en el proceso psicosocial a los retornados. Pero este proceso tampoco tiene fórmulas perfectas para que funcione y la prueba de esto es el municipio de Jordán, al lado de San Carlos, que queda a una hora de la cabecera municipal y donde los paras tenían la segunda base más importante del Oriente Antioqueño.

El costado paramilitar

Jordán es un pueblo mucho más pequeño. Allí llegaba Carlos Castaño en helicóptero. Pero de él no habla ella, ella que vive cerca a la plaza, que tuvo un balcón para ver todo lo que pasaba en Jordán y que prefiere mantener su nombre en el anonimato para evitarse problemas.“Para que me entienda se lo voy a explicar así. Lo que pasa es que allá, en la cabecera pusieron los muertos. Nosotros, acá en Jordán pusimos, pues pusimos los paras”.

En Jordán es donde más retornaron desplazados, pero donde también retornaron antiguos paras, ahora desmovilizados. Para esta mujer aún no es fácil hablar en la calle de lo que pasó porque tiene miedo de que lo que salga de su boca termine enfureciendo a uno de sus antiguos victimarios.

En el 99 entraron los paras una madrugada a su casa buscando a su hijo y su sobrino. Ellos dos habían escapado unas horas antes y cuando ella les dijo a los cinco hombres armados que no sabía dónde estaban, la encerraron en la cocina, le golpearon la cabeza con un fusil y se fueron. Aunque dice que ya no siente miedo, también se voltea para comentarle a su hijo “¿Pero sabe que a veces los veo? Sí, claro. Cuando me da por despertarme a las dos o tres de la mañana, me da la impresión que ellos están en el pasillo”.

A 20 metros de su casa trabaja en una cigarrería Anderson, un desmovilizado paramilitar. A su padre las Farc lo mataron cuando tenía 13 años, recuerda que desapareció un jueves. El se enteró dos días después, dos días en los que él pensaba que su padre había salido del pueblo para buscar otro lugar dónde vivir, que los llamaría y los llevaría a donde se instalara. “Por eso yo creo que en este pueblo todos somos víctimas”.

Y por eso los procesos de reconciliación Anderson los trata de forma diferenciada. “Yo he participado en muchos eventos, una vez hicimos un sancocho para el pueblo, otra vez pintamos la cancha. Pero hace unos días me llamaron, me contaron que iban a llevarle unas flores a las víctimas, me preguntaron si lo hacía con ellos. Les dije que no, porque... a mi hasta el momento nadie me ha preguntado por mi papá, nadie me ha preguntado si yo también quiero una reparación administrativa”.
 

En la vía de San Rafael

"Claro, pero es que una cosa no excluye a la otra. Uno pudo haber sido víctima de la violencia, pero eso no implica que no pueda reconocerse también como víctimario”, dice Luz Patricia Correa cuando se devuelve hacia Medellín el jueves pasado por la vía de San Rafael.

 En la vía de San Rafael está el puente en el que los paramilitares tiraban cuerpos al rio. Abajo, uno de sus centros de operaciones.

 

Para salir de Jordán es necesario pasar por un puente desde donde los paramilitares tiraban los cuerpos al río. “Tenían que cortar los vientres de sus víctimas para que no flotaran”, cuenta Wilson, encargado del proceso de retorno en Jordán. Wilson y Correa observan una cruz que se alcanza a ver entre las piedras del río, a 200 metros del puente.

Más adelante está una casa abandonada, también con las tejas caídas y en sus paredes se ven graffitis con las siglas AUC o ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá). “Guerrillero ponte el camuflado o muere de rodillas como los cobardes. Acéptalo”, dice uno de los mensajes, como respondiendo a los graffitis en la carretera de Granada.

En la montaña que circunda la finca se llevaban a cabo los entrenamientos de los paramilitares. Allí fue donde Anderson entrenó durante cinco semanas cuando entró a las autodefensas. “El entrenamiento era tan difícil que luego la guerra se volvía un descanso”, dijo Anderson unas horas antes en Jordán. En una de las esquinas de la finca también aparece un graffiti que dice ‘el niño ansuelo’. Era al parecer, un lugar donde se reclutaban niños infiltrados paramilitares.

San Carlos celebra ahora que los niños puedan ir al colegio en chiva, celebra también algo tan básico como que por sus dos vías los buses puedan entrar y salir sin miedo de que los paren en la carretera. Pero las vías también le recuerdan a todos los que viven en el municipio que el conflicto aún no es cosa del pasado, porque para reconstruir los hechos, encontrar los muertos, desminar las tierras, coordinar a las instituciones y encontrar la plata para la reconstrucción aún no hay una fórmula. Y hacerlo sin una guía es una tarea que ni Pastora Mira, ni Patricia Correa manejan a la perfección todavía. “Es un proceso lento, qué le vamos a hacer”, fue lo que dijo Pastora antes de levantarse del kiosco el miércoles, y terminar su última taza de café.