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La guerra en el Oriente Antioqueño entre dos proyectos de desarrollo Rubén Darío Zapata

 

La guerra en el Oriente Antioqueño entre dos proyectos de desarrollo

Rubén Darío Zapata

 

El Oriente Antioqueño es, sin duda, por la diversidad de sus riquezas, una región geográfica estratégica y privilegiada para el desarrollo de Antioquia y del país. Pero hay quienes opinan que esta misma riqueza es la gran maldición de la región. En las últimas décadas, la zona se ha tornado escenario del persistente conflicto social y armado en la lucha de diversos sectores por la apropiación de sus riquezas y la orientación de su desarrollo.

La región se extiende en 7.021 kilómetros cuadrados con sus 23 municipios que se agrupan en cuatro subregiones: altiplano, embalses, Sur-Este y la vertiente del Magdalena. El Oriente es una de las principales despensas agropecuarias del departamento, abastece el 35% de la energía hidroeléctrica del país, es asiento de un importante complejo industrial y una moderna estructura de comunicaciones; además posee una incalculable riqueza en biodiversidad, potenciada por la variedad de sus climas que van desde los territorios más cálidos hasta los páramos, lo que la propone como una zona especial para investigaciones biogenéticas, el ecoturismo rentable y la prolongación de la vida útil de los embalses.

En estas mismas regiones se pretende incentivar la venta de oxígeno, aprovechando las posibilidades que ofrece el protocolo de Kioto, que incentiva la reducción de los niveles de emisión de CO2 de los países desarrollados mediante proyectos forestales en los países subdesarrollados. Colombia se propone vender certificados de reducción de emisiones de CO2, CRES, por valor de 650 millones de dólares en la primera década del milenio. De esta manera, la venta de oxígeno se convertiría en el cuarto renglón de nuestras exportaciones, después del petróleo, el café y el carbón. En el año 2000 Cornare, la autoridad ambiental de la región, firmó un convenio por dos años con el Instituto Federal Suizo y Prueba de Materiales y Tecnología, EMPA, para el desarrollo sostenible de bosques. El proyecto comprende una zona de 32 mil hectáreas de protección y 40 mil hectáreas para la producción forestal, en el valle de San Nicolás.

Toda esta riqueza del Oriente contrasta con uno de los cuadros más graves de persecución y exterminio de líderes y movimientos sociales en el país; en el último lustro han sido perpetradas allí más de un centenar de masacres y miles de familias han sido expulsadas de sus predios no sólo por la vía violenta sino por la asfixiante pobreza en que viven. La lucha entre los sectores armados se hace cada vez más intensa; la zona se la disputan cuatro frentes guerrilleros de las FARC y el ELN, cinco batallones del ejército y tres bloques de las autodefensas. No obstante, detrás de esta disputa militar parecen estar las expectativas económicas sobre la apropiación y uso de las riquezas, y es en este aspecto del conflicto donde se ven directamente involucrados los campesinos.

- Es que todos los proyectos que están consignados en el plan estratégico para la zona del Oriente -anota un representante de la Corporación Jurídica- requieren la inversión de grandes capitales y la concentración de la tierra, para apropiación privada de sus riquezas. Eso implica el desplazamiento de los campesinos.

De esta situación nos advierte un estudio del 2000 financiado por la AECI con el título de "Oriente Antioqueño: imposición violenta de un modelo de desarrollo". En la realización del estudio participaron varias organizaciones, entre las que figuran Paz y Tercer Mundo, la Orewa y la Corporación Jurídica Libertad. Según estas organizaciones, en la base del conflicto armado que agita al Oriente Antioqueño se expresa la definición de un modelo de desarrollo.

Por un lado está la proyección campesina basada esencialmente en una propuesta de seguridad alimentaria y usufructo racional y colectivo de las riquezas de la región. Tal propuesta demanda la tecnificación de la producción agropecuaria, y la redistribución en la propiedad de la tierra. Esta proyección es opuesta, según las organizaciones que realizaron el estudio, a la propuesta que actualmente se implementa en la región, haciendo énfasis en la expansión de terrenos dedicados a la protección de aguas para la industria energética, en la concentración de la propiedad de la tierra para ganadería extensiva o siembra de bosques y en la instalación de circuitos turísticos.

Según estas organizaciones, la propuesta de desarrollo, con sus proyectos económicos, no ha sido concertada sino que se impone a los campesinos. "Desde la llegada de la industria hidroeléctrica -dicen-, en la década de los 80, los movimientos cívicos y organizaciones sociales se han enfrentado a una brutal persecución que en muchos casos concluye con la desintegración o exterminio físico".

El movimiento cívico en el Oriente Antioqueño tiene dos momentos. Se organizó al principio de la década de los 80 para enfrentar los efectos económicos y sociales de los proyectos hidroeléctricos y tuvo fortaleza en los municipios donde se iban a desarrollar los proyectos, sobre todo en El Peñol y Guatapé donde se oponían directamente a la inundación y traslado del pueblo. El movimiento realizó varios paros cívicos en contra de los megaproyectos, y fueron respondidos con algunas represiones violentas. Se resquebrajó prácticamente en la segunda mitad de la década, cuando el fenómeno paramilitar, que había cobrado fuerza en el Magdalena Medio, se extendió hacia el Oriente, realizando una serie de masacres y persiguiendo abiertamente a los líderes.

Sin embargo, a mediados de la década de los 90 se renovó el movimiento al calor de nuevas discusiones de la comunidad con las hidroeléctricas. Esta vez se concentró básicamente en el municipio de San Carlos, con algunos líderes que sobrevivían del pasado movimiento, y se articuló con algunos comités nacientes de derechos humanos y grupos de producción campesina.

- La fortaleza de sus organizaciones -comenta el representante de la Corporación Jurídica Libertad- se puso en evidencia en 1995, después del asesinato, el 5 de agosto, del alcalde electo de San Carlos. En esa ocasión el movimiento se opuso a las intenciones del gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, de nombrar un alcalde militar. En represalia, el gobernador señaló en los medios de comunicación a la administración de San Carlos y a sus funcionarios de infiltrados de la guerrilla. Fue después que empezaron a aparecer las amenazas de los paramilitares a los líderes del movimiento, justo en medio de la militarización más grande. Por esa misma época se crearon dos nuevos batallones para la zona y coincidió con un incremento dramático en el índice de asesinatos y el número de masacres cometidas en la región.

La primera masacre, según está registrado en algunos documentos de la Corporación Jurídica, se realizó en 1998, y precisamente en el casco urbano del municipio de San Carlos, una semana antes de las tradicionales fiestas del agua.

- El Ejército salió del casco urbano una tarde, por los lados de Cañavera -recuerda Jaime Atehortúa, un joven que participó en este segundo momento del movimiento cívico, que fue desplazado por aquella época -; por ahí mismo vio la gente entrar a los paramilitares en la noche. Esa vez mataron a 13 personas. Al principio se creyó que era una masacre indiscriminada porque entraron disparando a lo que se movía. Pero después supimos cómo fueron también directamente a buscar a algunos líderes.

Jaime Atehortúa recuerda, además, que hasta esta incursión cruda de los paramilitares el movimiento había logrado cierta presencia en la administración municipal y la Umata había financiado la elaboración de un plan de desarrollo agropecuario con la participación de los campesinos.

- En San Carlos existía ya toda una red de organizaciones productivas -comenta Jaime-. Había asociación de paneleros, de caficultores, asociación apícola, piscícola, etc. y toda una red de asociaciones agropecuarias de todas las veredas.

Según recuerda Jaime Atehortúa, por los días de la masacre estaba en pleno furor una negociación con ISA a raíz de la línea 500. Este era un proyecto de transmisión de energía desde la zona de embalses hasta el Valle del Cauca; partía de San Carlos, en Antioquia, y llegaba a San Marcos, en el Valle. El propósito era, a través de esta línea, iniciar la exportación de energía hacia el sur. ISA tenía que pagar la servidumbre por la instalación de las torres en los terrenos de los campesinos.

- Pero ISA proponía negociar individualmente con cada dueño de predio por donde pasaba la línea -comenta Jaime-. Entonces la comunidad organizada por centros zonales, es decir, agrupando las distintas organizaciones sociales de grupos de veredas, le exigió una negociación colectiva y planteó, en vez de los pagos individuales, la financiación de proyectos productivos para la comunidad.

Según Jaime, ISA acogió la propuesta; pero financiaba sobre todo proyectos de conservación de bosques, parcelas agroforestales y de silvopastoreo, con rubros más pequeños para proyectos de producción alimentaria. Ese fue prácticamente el punto grueso de discusión.

- Lo que había era una diferencia de concepción en cuanto al desarrollo y en la forma de conservar los bosques -comenta Jaime-. La comunidad argumentaba que la mejor forma de conservar los bosques era evitando la tala. Es decir, lo que se les debía ofrecer a los campesinos eran alternativas económicas para garantizar la seguridad alimentaria sin recurrir a la tala, en vez de proyectos para cuidar los bosques como proponía ISA. En esta negociación la comunidad fue asesorada por la Umata y por el gestor de proyectos de la alcaldía de San Carlos, Víctor Velásquez.

Los centros zonales donde el movimiento cívico estaba más fuerte, en Patio Bonito y El Chocó, lograron con ISA un acuerdo para financiar una proporción mayor de proyectos de producción. Pero nunca pudieron ejecutarse.

- Apenas unos dos meses después del acuerdo ocurrió la masacre -dice Jaime-.Los paramilitares llegaron como a las 12 de la noche al pueblo, disparando indiscriminadamente. Pero en esa misma masacre mataron a Víctor Velásquez. No se lo encontró una bala en la calle sino que ellos lo fueron a buscar a su casa y se lo llevaron hasta el embalse de Punchiná; también a Libardo Duque, que era un sobreviviente del movimiento cívico de los 80, lo llevaron hasta Punchiná, después de sacarlo del hospital donde trabajaba como celador. A los dos los decapitaron y los tiraron a la represa. También a Mariano Bedoya, uno de los sobrevivientes del primer movimiento cívico, le tumbaron la puerta de la heladería y cuando no lo encontraron allí fueron por él hasta la casa.

Después los paramilitares entraron de lleno al pueblo y se hicieron frecuentes las masacres, las muertes selectivas y los desplazamientos. El plan alternativo de desarrollo agropecuario se quedó sin quién lo ejecutara. Desde entonces, según comentan algunos campesinos, se ha prolongado un despoblamiento forzado y continuo de algunas zonas estratégicas del Oriente Antioqueño.

- En las zonas aledañas a los embalses -dice don Alberto, un campesino de Granada, miembro de la red de promotores agropecuarios del Oriente- hay veredas sin un solo habitante, pero que producen rastrojo para nutrir de agua las microcuencas. En Granada pueden haber unas 20 veredas despobladas completamente y en San Carlos ya pasan de 50 veredas. Eso es lo que necesitan y buscan los megaproyectos económicos, aunque muchos campesinos nos aferremos obstinadamente a nuestra tierra y a nuestros pequeños proyectos.

 

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