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  • Informe de 2003 en the Washington post

    THE WASHINGTON POST

     

    Se detalla el comercio de droga de los combatientes colombianos.

    El informe complica los esfuerzos para terminar la guerra.

    Por Scott Wilson

    Servicio extranjero del Washington Post

    Jueves, 26 de junio de 2003

     

     

    Bogotá, Colombia, Junio 25 – Una evaluación confidencial preparada para el presidente de Colombia sobre si los diálogos de paz deberían empezar con la fuerza paramilitar principal de la nación ha concluido que el grupo, que frecuentemente lucha junto a los militares colombianos, es una organización traficante de droga, según una copia del documento. Una indagación de seis meses comisionada por el presidente Álvaro Uribe para evaluar la posibilidad de diálogos de paz con las Fuerzas Unidas de Autodefensas de Colombia, conocidas como las AUC y catalogada por los Estados Unidos como una organización terrorista, informa que “es imposible diferenciar entre los grupos de autodefensa y las organizaciones narcotraficantes” la indagación también sostiene que los líderes paramilitares procuran explotar los diálogos de paz para proteger sus ganancias de tráfico de droga.

     

    La organización paramilitar fue fundada a finales de los ochenta, inicialmente financiada por grandes granjeros y negocios privados que eran blanco de secuestros y extorsión a manos de las guerrillas marxistas. Las primeras unidades se formaron en el escarpado noroeste colombiano y a lo largo de la base del río del Magdalena Medio, donde las guerrillas también florecían.

     

    En los últimos años, sin embargo, ambas –las fuerzas paramilitares y las guerrillas- han recurrido al tráfico de drogas para financiar sus operaciones. El informe del gobierno plasma por primera vez, oficialmente, el alcance del tráfico de drogas de las fuerzas paramilitares. A través de un puñado de personas claves en las drogas, posando como comandantes paramilitares, ellos controlan cerca del 40% del tráfico de drogas de Colombia. Las AUC “vende su franquicia” a los traficantes de droga regionales quienes dependen del grupo para la seguridad a cambio de una parte de las ganancias.

     

    El informe también estima que hasta el 80% de la financiación de las AUC viene del tráfico de drogas. Miembros del grupo han dicho en entrevistas que hasta el 10% de los ingresos de las drogas van a los esfuerzos de guerra, mientras que el resto enriquece a los comandantes individualmente. Colombia cuenta con hasta el 90% de la cocaína que llega a los Estados Unidos.

     

    Las conclusiones del informe parecen retar el plan de Uribe para otorgar la legitimidad política a las fuerzas paramilitares al iniciar un proceso de paz formal que conduciría a su desarme. El informe también revela una división profunda entre el gobierno colombiano civil y los líderes militares sobre qué tan sabio sería desmovilizar los once mil miembros de las AUC en un momento tan delicado en la guerra civil del país, de más de treinta y nueve años.

     

    Las fuerzas militares colombianas usan las fuerzas paramilitares para realizar operaciones ofensivas contra las dos insurgencias rebeldes marxistas del país, pero las fuerzas irregulares son también acusadas por las organizaciones de derechos humanos internacionales de masacrar civiles. “Las fuerzas armadas son el principal enemigo del proceso de paz con los grupos de autodefensas,” concluye el análisis. “La oposición para permitir la desmovilización existe en los rangos altos”.

     

    Un oficial del gobierno familiarizado con las preparaciones para las negociaciones de paz caracterizó el análisis como “muy real y un paso adelante” en ayudar a tratar las diferencias de la administración con el comando militar.

     

    “Nosotros estamos trabajando en ello, trabajando en ello y trabajando en ello” dijo el oficial. “El presidente quiere que esto se haga rápido”. Colombia es el tercer recipiente más grande de las ayudas militares de los EEUU recibiendo cerca de 600 millones de dólares al año, en recursos y entrenamiento para el uso contra la industria de droga que ayuda a alimentar la guerra civil. Las fuerzas armadas colombianas desde hace mucho tiempo han dependido del poder de las fuerzas paramilitares, en su lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de 18 mil miembros o las Farc como se conoce este grupo insurgente orientado por el marxismo.

     

    Como una condición para la continuada ayuda estadounidense, la fuerza militar colombiana ha jurado cortar los vínculos con las fuerzas paramilitares. Pero el análisis preparado por seis asignados civiles estipula que “la fase exploratoria (del proceso de paz) ha tenido serios incidentes de obstrucción de las fuerzas armadas” cuyos líderes parecen oponerse a la desmovilización de las fuerzas paramilitares, mientras las guerrillas constituyan una amenaza activa para el gobierno.

     

    La evaluación, entregada a Uribe la semana pasada, no fue dirigida para la revisión pública. Una copia fue entregada al Washington Post por un líder paramilitar disidente con el nombre de código “Rodrigo 00”. Él sostiene que los líderes de las AUC están esperanzados en usar el proceso de paz para obtener legitimidad política para los mayores traficantes de droga dentro de la organización, para que ellos puedan mantener la tierra, el efectivo y otras ganancias de las drogas. El análisis probablemente complicará los asuntos para Uribe, quien asumió el cargo el 7 de agosto prometiendo una guerra más amplia contra las guerrillas, porque este análisis parece socavar las condiciones que él puso a las AUC a cambio del inicio de los diálogos de paz formales.

     

    Uribe quien fue criticado por las organizaciones de derechos humanos por permitir a los grupos paramilitares florecer en el departamento de Antioquia, cuando fue gobernador allí en la mitad de los noventa, requirió que las AUC declararan un cese de fuego antes de considerar los diálogos formales. Carlos Castaño, el líder político del grupo, declaró un cese de fuego unilateral el año pasado. Pero el análisis concluye que “el cese de hostilidades no ha sido cumplido”.

     

    “Estamos discutiendo cómo adelantarnos con un proceso de paz que tiene muchas, muchas dificultades en frente” dijo el vicepresidente Francisco Santos quien se rehusó, en una entrevista corta hoy, a tratar específicamente la evaluación confidencial. “Pero estamos decididos a seguir adelante para que nos podamos deshacer de once mil combatientes que están haciendo daño a este país. “Estamos discutiendo las diferentes opciones y trabajando sobre un montón de material diferente e información que tenemos”.

     

    El análisis también representa retos políticos para los EEUU, quien por primera vez planea participar en los esfuerzos de paz de Colombia, ofreciendo incentivos a los combatientes paramilitares para desarmarse. Aunque los EEUU ha ayudado a financiar programas similares que seguían a las guerras civiles en América Central, África y Asia, ésta es, según se informa, la primera vez que planea hacerlo en nombre de un grupo al que el Departamento de Estado considera como una organización terrorista.

     

    El gobierno estadounidense rehusó participar en las negociaciones de paz con las Farc - también en la lista de las organizaciones terroristas de los Estados Unidos – las que fueron conducidas por el entonces presidente Andrés Pastrana. Privadamente, los oficiales estadounidenses criticaron duramente estos esfuerzos que otorgaron a las guerrillas el control de una zona de 16 mil millas cuadradas en el sur de Colombia, antes de que los diálogos colapsaran en febrero de 2002. Las Farc usaron este refugio para el entrenamiento militar, el reclutamiento y aumentar los cultivos de coca que ellos protegen para sus ganancias.

     

    Pero la sociedad de la administración Bush con Uribe es más fuerte, mayormente porque el nuevo presidente ha abrazado la fumigación aérea controversial de los EEUU, que ha devastado la cosecha de coca en el sur de Colombia. Uribe también ha permitido la extradición de 64 acusados de tráfico de drogas, hacia los EEUU durante sus diez meses en el cargo, más de lo que Pastrana permitió durante su mandato de cuatro años. La administración de Bush ha censado casi seis mil combatientes involucrados en las dos unidades paramilitares oficialmente interesadas en los diálogos de paz, las AUC y el Bloque Central Bolívar. Los oficiales dijeron que el gobierno estadounidense gastará hasta 5 millones de dólares en la primera fase de un programa que ofrezca capacitación, educación, tierra y otros incentivos a los combatientes paramilitares que acepten dejar sus armas. Si el gobierno Uribe decide proceder con los diálogos de paz, dos mil combatientes paramilitares podrían ser desmovilizados antes del final del año, y el proceso de paz completado antes de 2005, dijeron los oficiales.

     

    “Esta es la primera muestra semi-seria de un intento por parte de uno de estos grupos armados” dijo un oficial estadounidense explicando porqué la administración de Bush decidió financiar la desmovilización paramilitar después de haber declinado participar en las negociaciones con las Farc. Está planeado que el Comisionado de Paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo llegue a Washington esta semana para reunirse con los oficiales estadounidenses para tratar el proceso con las AUC.

     

    “Yo no creo que eso importe” que esta sea una organización terrorista, dijo aquí un oficial estadounidense. “La idea aquí es tomar las piezas de la tabla de juego. Yo creo que tenemos que ver el asunto en esos términos”. Las AUC eran una confederación de grupos paramilitares regionales que emergió a lo largo de Colombia en respuesta a la insurgencia marxista con una fuerza combinada de casi 15 mil combatientes. Muchos combatientes paramilitares sirvieron alguna vez en las fuerzas militares colombianas, incluso alguno de sus altos comandantes.

     

    Pero el grupo se dividió mucho el otoño pasado, justo antes de que Castaño y el líder militar de las AUC, Salvatore Mancuso, fueran acusados en los EEUU por narcotráfico. Ahora están divididos en por lo menos cinco grupos después de una disputa interna sobre el papel  aumentativo de las AUC en el comercio de drogas de Colombia.

     

    El análisis dice que el movimiento paramilitar ya no es principalmente una fuerza anti-insurgente pero que la mayoría de sus intereses están enfocados en expandir sus vínculos con el comercio de droga.

     

    Solamente dos de los grupos constituyentes de las AUC están procurando los diálogos de paz con el gobierno, lo que significa que unos nueve mil combatientes paramilitares podrían quedarse fuera de la negociación.

     

    Los líderes paramilitares también esperan “seguridad y desarrollo para las regiones que ellos ocupan”, “legalización de parte de su fortuna” y “seguridad judicial” según el informe. Los EEUU han rehusado levantar la acusación por drogas y la solicitud de extradición para Castaño y Mancuso.

     

    “Los Estados Unidos no son tan inocentes, tampoco lo es el gobierno colombiano” dijo Rodrigo 00 el comandante paramilitar disidente. La evaluación también criticó a las fuerzas militares colombianas, cuyos líderes han dicho haber progresado en los últimos años en cortar sus conexiones paramilitares.

     

    Los oficiales de las fuerzas militares colombianas han sugerido que la disolución de la fuerza paramilitar causaría problemas estratégicos para las fuerzas armadas que, ellos dicen, está muy  limitada para mantener, por sí misma, el control de los territorios controlados por los paramilitares.

     

     

    2003  The Washington Post Company