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  • CRIMEN DE ESTADO

    En 2002,politicos que acababan de acceder al poder en Colombia, y que habían durante muchos años alimentado la guerra sucia, tanto antisubversiva como de posicionamiento del narcotráfico, identificaron como una gran debilidad estratégica para ese gobierno la supervivencia de dos personas que habían sido protagonistas del establecimiento por parte del estado colombiano de una política paramilitar.
    Estaban ligadas al nacimiento, crecimiento y expansión de las “autodefensas” desde Antioquia y Córdoba. Se llamaron CARLOS CASTAÑO GIL y CARLOS MAURICIO GARCIA FERNANDEZ. Ellos como nadie conocían toda la historia y cual habia sido el papel de esos politicos pues habían estado presentes y fueron actores fundamentales en la implementación de dicha política paramilitar de estado. Eran entonces los mayores testigos de dicha estratégia de guerra sucia.
    Como estrategia de banalización y desnaturalización del movimiento antisubversivo que estas personas ayudaron a establecer, el estado muy hábilmente infiltró a las organizaciones de autodefensas con individuos con muchísimo dinero y poder, particularmente provenientes del narcotráfico, a quienes les vendió la ilusión de que podían acceder a una negociación política que les permitiera lograr inmunidad y legalizar todas sus fortunas.
    Fue CARLOS MAURICIO GARCIA FERNANDEZ el único dentro de esa organización que identificó esa estrategia del estado y el único que tuvo el valor de denunciarla y de oponerse. CARLOS CASTAÑO, consciente de los peligros, muy a su conveniencia se hacía a de un lado o del otro de acuerdo a las circunstancias. Era enemigo del narcotráfico, pero amigo de los narcotraficantes.
    El estado, sirviendo a los intereses particulares de quienes ya detentaban el poder en Colombia, se dio a la tarea entonces de sacar del mapa a estas personas por los riesgos que les significaban a ciertas personas, entidades e instituciones extremadamente comprometidas en el desarrollo de la estrategia paramilitar y las gravisimas violaciones de los derechos humanos de los colombianos.
    Ellos conocian directamente la raíz del problema, habían estado directamente vinculados a la formación de los grupos paramilitares en Córdoba y Urabá, integraron el comando paramilitar denominado “los pepes”, fueron fundamentales en la difusión de las llamadas “Convivir” y posteriormente en su expansión ilegal a todo el país, y conocían como ningún otro los vínculos de dirigentes publicos y privados así como el de los políticos y cuál fue el papel de de estas personas, entonces ya en la cumbre del poder, en el establecimiento y desarrollo de la política paramilitar del estado colombiano. No en vano, por sus campamentos pasaban todos los días personas que hacían parte de lo más granado de la dirigencia nacional, sin ningún recato y en muchos casos (o en todos los casos) a buscar utilizarlos para sus fines oscuros.
    En resumen, hoy son el eslabón perdido en el encuentro de la verdad que a gritos reclama el pueblo colombiano y la humanidad. El eslabón que nunca se va a encontrar. La verdad, como fue realmente, nunca se sabrá por que faltan estas personas, y otra cantidad que sabían partes y que por ello han sido asesinados.
    Pero se van sabiendo pedacitos, que permiten concluir como fue esa estrategia de encubrimiento de la verdad de los crímenes que se presentaron durante el establecimiento de la política paramilitar del estado colombiano.
    EL ASESINATO DE DOBLECERO Y EL DE CIENTOS DE COMBATIENTES DEL BLOQUE METRO FUE UN CRIMEN DE ESTADO.
    Les presento un indicio grave: La declaración de pablo Hernán Sierra alias Alberto Guerrero. (cortar y pegar en la barra de direcciones, si no funciona el enlace directamente)
    Ahora, podemos concluir sin lugar a equivocarnos, que el asesinato de Carlos Castaño, el asesinato de Rodrigo Doblecero (Carlos Mauricio García) y el de tantos otros miembros de la autodefensa, muchos ya desmovilizados, corresponde a crímenes de estado, en una política de encubrimiento del paramilitarismo de estado del que ha soportado Colombia desde hace muchísimo tiempo, y que dicha política de encubrimiento sistemática tiene todas las características de un genocidio.
    NOTA: Pablo Hernán Sierra alias Alberto Guerrero, lleva años solicitando su inclusión en justicia y paz, y la oficina del “alto comisionado para la paz” (en minúsculas y entre comillas) se la ha negado sin ningún fundamento. Pueda ser que no tengamos que lamentar próximamente otro Crimen de Estado y la pérdida de otro eslabón de la verdad.