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  • Guerra en Suroeste antioqueño tocó círculo presidencial (IPC)

    Los recuerdos de varios pobladores de esta región cafetera se renovaron hace unos días, tras conocer la carta enviada al Presidente de la República por un paramilitar de bajo rango que integró el bloque Suroeste y quien la remitió desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí (Antioquia), donde está preso desde el 3 de enero de 2005.

    En la misiva, fechada el 11 de septiembre de 2007, José Orlando Moncada Zapata, conocido con el alias de Tasmania, le informó al Jefe de Estado que Iván Velásquez, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, le habría ofrecido beneficios jurídicos a cambio de que lo vinculara como autor intelectual de un intento de homicidio contra alias René, ocurrido en septiembre de 2003 en zona rural del municipio de Concordia, e involucrara en ese hecho a Ernesto Garcés Soto. Y, además, que declarara en contra del ex senador Mario Uribe Escobar, por su apoyo a grupos paramilitares que operaban en el Suroeste antioqueño.

    Pobladores de Betania, Andes y Concordia tienen clara la relación de hechos que condujeron al atentado de alias René perpetrado por alias Tasmania y los detalles que salpican al Presidente de la República y a un círculo cercano de familiares y amigos, así como a un conjunto de importantes empresarios cafeteros, comerciantes y grandes propietarios regionales.

    Según las fuentes consultadas a connotados hacendados principalmente de los municipios de Concordia, Andes, Betania, Ciudad Bolívar y Salgar les comenzó a inquietar alias René por dos razones fundamentales: su afán de consolidar un paramilitarismo asociado con el narcotráfico, tal como se venía desarrollando en otras regiones del departamento y el país, y el poder que estaba acumulando entre las comunidades.

    De acuerdo con investigadores sociales, la tradición conservadora del Suroeste antioqueño requería de un tipo de paramilitarismo más tradicional, de defensa de la propiedad, mantenimiento del orden y contención de la guerrilla, y menos de expansión territorial. “Dada las características conservadoras de la gente del Suroeste, no se le iba a permitir al paramilitar la consolidación de su modelo y mucho menos arrebatarle el poder político a quienes lo tenían de tiempo atrás”, explicaron los especialistas, que pidieron la reserva de la identidad por razones de seguridad.

    Pero alias René, en un acto de “indisciplina”, decidió enfrentarse en el terreno político a uno de los hombres más poderosos de la región: Ernesto Garcés Soto, ex senador de la República y reconocido hombre de negocios cafeteros e inmobiliarios de Concordia, con propiedades en el Eje Cafetero, Córdoba y el Valle de Aburrá.

    En las elecciones locales y regionales del 2003, el comandante del bloque Suroeste ordenó no votar por el candidato propuesto por Garcés Soto para la Alcaldía de Concordia, quien para esa época era Carlos Mario Ortiz Villa. El propósito era demostrar quién de los dos tenía más poder. La determinación del jefe paramilitar acabó favoreciendo al aspirante Sergio Restrepo, sin que ello significara que éste fuera su cuota en la administración local ni que tuviera que rendirle cuentas.

    La “indisciplina” y ambición de alias René no eran bien vistas por los hacendados, y estos comenzaron a buscar soluciones. Se dispuso entonces de recursos económicos y logísticos para trasladar a esa región a buena parte del bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, al mando de Rodrigo García, alias Doble Cero, y utilizarlo como fuerza de choque para sacar del territorio a alias René. Con el comandante del bloque Metro había, además, un vínculo personal: su compañera sentimental era sobrina de Fernando Quijano, el hombre de confianza de Ernesto Garcés Soto y administrador de varias de sus fincas ubicadas en el municipio de Concordia.

    En esas aguas turbias ya estaba navegando alias Tasmania, un paramilitar oriundo de la región y de muy bajo rango, quien para esa época se había enemistado con su jefe, alias René. Las diferencias surgieron luego de que decidiera operar por su cuenta y extorsionara para su bolsillo. A mediados de 2003, secuestró a Darío Escobar, prestante cafetero de la región, a quien le exigió 50 millones de pesos por su liberación. La cifra le fue pagada, pero la queja le llegó al comandante del bloque Suroeste, quien tomó la decisión de eliminarlo y ofreció 10 millones de pesos por su cabeza.

    El enfrentamiento dejó varios muertos en ambos bandos. Alias René le mató el papá y la novia a alias Tasmania; éste respondió y asesinó a dos primos de su ex jefe paramilitar cerca de Montería, en Córdoba. Para protegerse, alias Tasmania se unió al bloque Metro y allí recibió el apoyo necesario para asesinar al comandante del bloque Suroeste. Una tarde de septiembre de 2003, cargado de rockets y granadas, se ubicó con varios de sus hombres en el sitio El Recreo, de Concordia, y lo atacó, pero falló en su intento de matarlo.

    En retaliación, alias René le ordenó a uno de sus lugartenientes más cercanos, conocido con el alias de 110, hoy preso, que asesinara a Fernando Quijano, señalado de brindarle apoyo logístico a los hombres del bloque Metro para atentar contra su vida. El homicidio se cometió a finales del año 2003.

    Este hecho le puso fin a una estrecha relación entre alias René y los grandes finqueros y comerciantes de la región. Pese a que Garcés Soto ha negado de manera reiterada la relación con alias René, en Concordia son muchos los que identificaban al paramilitar como su jefe de escoltas. “Nadie dudaba de ese vínculo”, señaló un político de la región. “El asunto es que de escolta pasó a crear el bloque Suroeste de las Auc y es así cuando comenzó a crecer su poder”.

    Las andanzas del líder paramilitar comenzaron a conocerse desde 1995: “Este grupo empezó a operar al mando de un comandante que se hacía llamar René. Debido a que los comerciantes y los miembros de las Convivir habían presentado denuncias ante las autoridades con pruebas sobre secuestradores, gentes pertenecientes a la guerrilla, sin que se hiciera nada, decidieron que estas gentes deberían morir”, se lee en un expediente de la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, fechado el 18 de febrero de 2003.

    Desde la entrada en operación de los paramilitares, entre líderes políticos y funcionarios de las alcaldías se impuso la versión de que sobre este grupo armado ilegal “había gente que mandaba más que ellos”, con lo que se quería decir que detrás de sus acciones estaban los políticos y los hacendados, lo que permitía deducir que “todo estaba bajo control”.

    “Cuando uno llegaba a un pueblo del Suroeste y se encontraba con los paramilitares, los funcionarios de las administraciones locales, muchos de ellos adscritos al movimiento Colombia Democrática, decían que no había por qué tener miedo”, relató un integrante de este mismo grupo político, creado por el ex senador Mario Uribe, primo del Presidente de la República, y hoy vinculado al proceso por la parapolítica. “La sensación que le hacían sentir al visitante era que paramilitares y Colombia Democrática trabajaban conjuntamente”, agregó la fuente.

    “La Escopeta”, un antecedente

    El Suroeste antioqueño es cafetera por excelencia y se vive bajo el típico modelo paisa: el respeto por las tradiciones familiares y la Iglesia católica, así como por la defensa de la propiedad privada. Dentro de esa línea conservadora, en la región se acostumbró a imponer controles sociales a los extraños, en especial durante la época de cosecha del grano. De allí que haya sido terreno fértil para los grupos de “limpieza social”, encargados de mantener el orden

    Uno de los más conocidos fue La Escopeta, que operó a finales de los años 80 e inicios de los 90. Se constituyó como una organización de justicia privada financiada por pobladores pudientes del Suroeste, víctimas, casi todos ellos, de la guerrilla de las Farc. Habitantes de Betania y Concordia recuerdan con dolor la Finca El Colgante, donde hay un puente sobre el río Cauca, “sitio en el que fueron asesinadas decenas de personas”, dijo un poblador de la zona.

    En Andes también rememoran “el apagón”, un acto macabro que consistía en quitar la luz en el pueblo por unos minutos durante la noche, tiempo suficiente para perpetrar un asesinato. De acuerdo con registros de la Procuraduría General de la Nación, en esas acciones “la fuerza pública tenía tareas específicas para encubrir a los paramilitares, entre ellas despejar la zona por quince minutos donde tenían que matar a alguien”.

    Las acciones criminales de La Escopeta estuvieron rodeadas de un profundo silencio por parte de autoridades, hacendados y políticos, hasta que asesinaron a un joven vicioso de Andes, conocido con el apodo de “El Siete”, hermano de Nancy Mejía, cercana colaboradora de Mario Uribe. “El senador gestionó ante las autoridades para que este grupo le bajara el tono a sus incursiones. Además, la gente se organizó y pidió que la Escopeta se acabara”, narró un poblador de esa localidad.

    Las investigaciones para desarticularla ya se venían haciendo y en mayo de 1996, la Fiscalía General de la Nación le dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación al ex senador Garcés Soto e involucró a una veintena de personas más, quienes, un año después, fueron exonerados de los cargos. Curiosamente, en el año 2005, fue asesinado en Andes Fabio Vélez, un investigador de la Fiscalía General de la Nación, que recogió las pruebas para llevar a la cárcel a los presuntos integrantes de La Escopeta.

    Tras la intensa persecución contra los supuestos integrantes de este grupo de justicia privada, las familias más adineradas del Suroeste tomaron la decisión de llevar a la región las autodefensas que, en ese momento, estaban desarrollando su modelo en el Urabá antioqueño. Versiones de lugareños de Concordia señalan que la tropa, comandada por alias René, se asentó en tierras que al parecer eran propiedad de Ernesto Garcés Soto, desde donde comenzó a operar. Con la reestructuración paramilitar de 1997, comenzó a llamarse bloque Suroeste de las Auc.

    De acuerdo con personas cercanas al proceso de desmovilización de este grupo armado, realizado en zona rural del municipio de Ciudad Bolívar el 30 de enero de 2005, alias René y sus hombres sabían que desde que llegaron al Suroeste estaban bajo “órdenes superiores”, significando con ello que debían atender las directrices de hacendados, empresarios cafeteros y grandes comerciantes que los apoyaron y financiaron.

    Por ello no es de extrañar que como comandante de bloque no se haya presentado al acto de dejación de armas y alegara razones de seguridad para no asistir, pues su “indisciplina” lo llevó a granjearse el odio de sus mentores, a perder respaldo entre la fuerza pública y a temer por su vida. Realmente tenía gente de peso económico y político que lo quería muerto. Las investigaciones tendrán qué determinar quiénes eran los sectores poderosos que lo querían eliminar.

    Fotomontaje: IPC




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