Hace unos años el hoy representante a la Cámara Iván Cepeda y el actual secretario (e) de gobierno de Bogotá publicaron A las puertas del Ubérrimo, un libro sobre el paramilitarismo en Córdoba, región donde el ex presidente Álvaro Uribe tiene una de sus fincas. El pasado 11 de abril Cepeda hizo un debate en el Congreso sobre otra finca que fue de propiedad de Uribe y su familia: Guacharacas, ubicada en San Roque, Antioquia.

El congresista del Polo Democrático mostró fotos y testimonios que reafirman que en esta hacienda existió un grupo paramilitar en los 90, cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia. Por eso presentó denuncia penal ante el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, contra Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago, Juan Guillermo Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao. 

Algunas de las pruebas que presentó fueron los testimonios de los exparamilitares Pablo Hernán Sierra, alias “Alberto Guerrero”, excomandante del Bloque ‘Cacique Pipinta’ y Juan Monsalve, alias “Guacharaco”, persona de confianza de Luis Alberto Villegas, alias ‘Tubo’ e hijo del mayordomo de Guacharacas, quien trabajó para los Uribe Vélez desde 1986. Ellos señalaron la presunta participación del expresidente y de los otros mencionados en la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Los exparamilitares Monsalve y Sierra, así como sus familias, han recibido amenazas e intimidaciones posteriores a los testimonios, según lo confirmó el representante Cepeda. Incluso, el 23 de marzo de 2012, en el patio sexto de la cárcel de Cómbita se produjo un atentado contra Monsalve cuando dos hombres lo hirieron con armas blancas.

Guacharacas ya había estado en el ojo del huracán en 2010 cuando el entonces senador Gustavo Petro denunció que dicha finca había sido usada como base de los paramilitares y que allí se habrían ejecutado los asesinatos de varios campesinos cuando funcionaba la Convivir Cóndor dirigida por Juan Villegas Uribe.

La Fiscalía General de la Nación confirmó en la sesión plenaria la apertura de una investigación contra los ciudadanos mencionados, incluido Álvaro Uribe Vélez ya que el representante Cepeda había hecho la denuncia formal en septiembre pasado.

“Estoy convencido que la historia del paramilitarismo en Colombia está incompleta y no se dilucida cuál es el rol del exgobernador y expresidente Uribe Vélez, su familia y su entorno político. Todos los caminos del paramilitarismo o por lo menos una gran parte de ellos termina indefectiblemente conduciendo a Uribe. Este no es solamente un problema de verdad histórica, sino que el expresidente Uribe es el principal enemigo de la restitución de tierras, las víctimas y de un proceso de paz. Hay muchas víctimas de los grupos paramilitares ligados de una u otra forma a la historia de la familia Uribe que tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación” le dijo Cepeda a Arco Iris.

Según la Fiscalía la investigación contra Uribe fue iniciada en noviembre de 2011 durante la gestión de Viviane Morales.  Cepeda recordó que “Álvaro Uribe Vélez tiene más de 160 investigaciones preliminares en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y ninguna ha prosperado, es decir no ha ido más allá de una investigación preliminar y aquí ya se inició una investigación penal, eso es lo interesante”.

Lo que más sorprendió del debate de Cepeda  es que ningún congresista salió a defenderlo. El efecto teflón del que gozó durante su mandato parece estarse rompiendo.