Este artículo es una publicación de la Corporación Viva la Ciudadanía
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Violencia en Medellín: una montaña rusa que no
para

Patricia Fernández Correa
Directora Regional Antioquia de la Corporación Viva la
Ciudadanía

En las postrimerías del Frente Nacional y en los albores de la década de los 80 la
sociedad antioqueña colombiana y el mundo, asistimos a un ascenso macabro y
sin tregua en las cifras de homicidios. Los años 1975 y 1976 fueron marcados por
una bonanza marimbera, y1 así mismo, surge la Guerrilla urbana y empiezan a
actuar los escuadrones de la muerte entre los años 1976 y 1980, los narcos
nacientes libran una guerra por el negocio que gana Pablo Escobar en 1980, en
éste año con Pablo nacen los carteles y se libra otra guerra, la de los carteles. En
el año 1982 con el secuestro de Martha Nieves Ochoa, surge el grupo Muerte a
Secuestradores MAS, entre 1985 y 1991. Escobar le declara la guerra al Estado,
de otro lado se crean las milicias urbanas para librar la guerra de guerrillas, del
campo a la ciudad y nacen las llamadas “bandas criminales”2.
1 Negocio basado en el tráfico de marihuana.
2 Ver Ana Daza: Parches, Combos y Bandas en Medellín 1997.
Los habitantes de Medellín aprendimos con sangre la cifra de muerte que nos
ubicó, en el tristemente celebre, primer lugar como la ciudad más violenta del
mundo, luego de ocupar tan deshonroso puesto, en el año de 19913 en medio del
miedo pero con esperanza, asistimos al descenso en los indicadores de violencia.
Este descenso se da en medio de una guerra que no para, pero que baja su
intensidad. Seguramente por el efecto de hechos como la desmovilización del M19
y el EPL, las milicias populares4, la no extradición aprobada por la Constitución
Política que disminuye la fuerza de la guerra de Escobar Gaviria contra el Estado.
En 1993 entra al escenario urbano una modalidad de paramilitarismo5 con el
nombre de Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes); Pablo hace operación pistola
contra los policías y Medellín se queda sin policías. Pero estos hechos no
impactan las cifras negativamente, el descenso continúa y sostenido, en razón a
que hay un poder que controla otros actores de violencia: Pablo Escobar.
En 19976 se frena el descenso en las cifras de homicidios por el accionar de
grupos paramilitares que hacen presencia en los barrios de la ciudad y que
pugnan por el control territorial, el negocio de la extorsión y el narcotráfico, en lo
que podría llamarse la transición de paras a narcos o la emergencia del
narcoparamilitarismo. En el año 19997 se experimenta otro ascenso en las cifras,
debido a disputas originadas en el paso de pequeños grupos criminales a un
ejército paramilitar.
En 2002 el Gobierno Nacional desarrolla las operaciones Mariscal y Orión, esto
hace que repunten de nuevo las cifras; éste periodo y episodio da como resultado
el triunfo de un actor del conflicto, los paramilitares. Baja la confrontación y por
supuesto los muertos. Del 2002 al 20078 se da en la ciudad y el país lo que podría
llamarse una tregua de los paramilitares a raíz del proceso de desmovilización
liderado por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Situación que en Medellín se
siente de manera particular por la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara
BCN9, única estructura paramilitar urbana en el país, así como el traslado de la
guerra del narcotráfico al norte del departamento del Valle del Cauca.
Concertación sostenida entre ciudadanía y Estado da resultados
3 Para este año se presentaron las mayores tazas de homicidios, 387 PCMH.
4 Se realizó la primera negociación política netamente urbana del Estado Nacional con cuatro sectores de
Milicias Urbanas: Del Pueblo y para el Pueblo, Las del Valle de Aburrá, las Independientes y las de influencia
del la Corriente de Renovación Socialista en el barrio Morabia.
5 Alianza entre fuerzas del Estado, narcotraficantes y Departamento Antinarcóticos de Estados Unidos DEA.
6 En reunión nacional de las AUC, se da la orientación a Rodrigo Doblecero de copar militarmente a
Medellín.
7 Confrontación del BCN y el Bloque Metro, léase alias Don Berna Vs, alias Rodrigo Doblecero.
8 En septiembre de 2007 es trasladado alias Don Berna a la cárcel de máxima seguridad de Combita, a partir
de este momento se registra aumento y asenso del accionar criminal y de los homicidios en la ciudad.
9 En noviembre de 2003 se desarman 868 hombres del BCN, entre ellos también delincuencia común y
desempleados.
Medellín se resiste a convivir con la violencia que históricamente la ha
acompañado durante décadas, prueba de ello, la “gesta” que como sociedad se ha
emprendido cada vez que la violencia arremete en contra de la libertad y la vida.
Fue así como por decreto presidencial se creó en los 90 la Consejería Presidencial
para Medellín. En el marco de este programa se desarrollaron proyectos como los
seminarios de alternativas de futuro para Medellín, arriba mi barrio, muchachos a
lo bien, núcleos barriales de vida ciudadana, entre otros. Una acción concertada
entre ciudadanía y Estado ejecutada entre 1990 y 1998; que contribuye de
manera positiva a la construcción de tejido social y convivencia pacífica en la
ciudad. Como parte de esta alianza ciudadanía-Estado por la ciudad y la región,
se formula entre 1995 y 1997 el Plan Estratégico de Medellín y el Área
Metropolitana a 2015, este proceso contó con la participación de amplios y
diversos sectores de la sociedad y el acompañamiento técnico del Programa de
Naciones Unidas Para el Desarrollo PNUD. El plan en materia de seguridad y
convivencia se propuso “hacer de la seguridad y la convivencia, aspectos
decisivos de la gestión urbana para garantizar la gobernabilidad y el ejercicio
pleno de la ciudadanía…con fortalezas visibles en la búsqueda de mecanismos
alternativos para la solución de los conflictos urbanos”.
Para lograr estos objetivos el plan ordenó la conformación de un sistema
metropolitano de concertación de políticas de convivencia y seguridad ciudadana,
el cual consistía en la creación de un sistema organizativo y de comunicación de
carácter metropolitano, así como la creación de un observatorio metropolitano de
acciones para la convivencia y la paz que buscaba poner en marcha un sistema
de recolección, análisis y divulgación de información sobre la violencia y diversas
formas de enfrentarla en la ciudad de Medellín y el Área Metropolitana.
Desafortunadamente estos proyectos no avanzaron. Es más el Banco
Interamericano de Desarrollo BID, entregó posteriormente a la ciudad un
empréstito por quince mil dólares para un programa de Convivencia Ciudadana
que surgió como propuesta de la sociedad civil, en particular de las fundaciones
empresariales. Estas entidades financiaron con recursos privados la
estructuración, conceptualización y formulación del Programa, partiendo del
reconocimiento de las múltiples y diversas causas del problema de la convivencia
ciudadana. Este programa que había sido formulado de manera participativa, se
ejecutó por la municipalidad con múltiples dificultades administrativas y de gestión
y finalmente no generó los resultados esperados. Sin embargo, aunque
desarticuladas y como parte de la voluntad de algunas administraciones y
organizaciones sociales y comunitarias se han adelantado acciones, estudios y
seguimientos puntuales a las problemáticas de violencia en la ciudad, no así en el
ámbito metropolitano10. Finalmente la concertación social y política que orientó la
intervención de la Consejería Presidencial para Medellín, no fue un proceso
sostenido en el tiempo que hoy evocamos.
10 Al respecto hay que destacar que existe una relación político-espacial entre los municipios del Área
Metropolitana y que estructuras criminales presentes en municipios como Envigado, Itagui y Bello, tienen una
influencia relevante a la hora de explicar la violencia en Medellín.
Un cliché como respuesta
Los titulares de prensa de inicios de los años 90 en materia de seguridad son
similares a los de hoy, así como la respuesta institucional, vista en el tiempo
parece un cliché “El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Jorge
Ernesto Ferrero Echeverri, dijo que tiene pistas para decir que el múltiple
homicidio fue resultado de un enfrentamiento entre bandas”11. La misma
respuesta que escuchamos hoy de las autoridades frente a los hechos de
violencia recientes en la ciudad. De otro lado el presidente César Gaviria mediante
una directiva presidencial fijó en aquel entonces criterios al enfoque regional de
seguridad, muy similares a los que hemos escuchado en los últimos tiempos y que
parecen o no haber dado resultados o no se ejecutaron como se debía
“fortalecimiento de la Justicia, política para enfrentar las diferentes
manifestaciones de violencia, derechos humanos y asistencia el menor
infractor”12. Cabe resaltar que dentro de la política del presidente César Gaviria
en aquella época se contempló la participación ciudadana en temas de seguridad,
“La estrategia está encaminada a buscar una mayor participación ciudadana en la
solución de problemas de orden público con la participación en los consejos
regionales de entidades gremiales, dirigentes cívicos y miembros de agrupaciones
comunitarias. Con ello se busca comprometer a la comunidad en forma directa en
la solución de los problemas de seguridad”13. Enfoque que en Medellín o no se
asumió o se perdió una vez se desmontó la Consejería Presidencial para Medellín.
Para ese entonces ya se identificaba la justicia como un asunto estructural de
intervención; hoy el sistema de justicia imperante sigue siendo considerado un
obstáculo estructural para el logro de la convivencia pacífica y la lucha contra la
criminalidad. Seguimos aplicando las mismas soluciones a un conflicto que se
transforma en contextos distintos y con una ciudadanía de baja intensidad14.
Pareciera que con la salida de Medellín de la Consejería Presidencial y la
formulación del Plan Estratégico, la ciudad bajó la guardia, y la concertación
Estado-ciudadanía que había dado esperanza y resultados entre 1990 y 1998
pasó a un segundo plano. Aunque ha sido permanente desde organizaciones
sociales y comunitarias el reclamo por la necesidad de emprender procesos de
concertación social y política para resolver los problemas estructurales de la
sociedad, desde el Estado, como es la violencia. Los logros no han sido los
esperados y seguramente han sido muy marginales los impactos de las acciones
de formación ciudadana, deliberación pública y formulación de propuestas de
futuro para la ciudad que se han hecho aisladamente. Surge el cuestionamiento a
cerca de la tesis que habla de niveles de pactación entre lo legal y lo ilegal y si
ésta puede ser otra explicación posible al relajamiento frente a la criminalidad.
La esperanza frustrada
11 (1991, Enero 14). Antioquia: La violencia se reactivo al empezar 1991 EL TIEMPO, Sección: Nación.
12 (1991, Enero 14). Estrategia contra la violencia EL TIEMPO, Sección: Información General.
13 (1991, Enero 14). Estrategia contra la violencia EL TIEMPO, Sección: Información General.
14 Bajos niveles de denuncia, tolerancia con la ilegalidad, baja formación y participación ciudadana.
Pese a algunas voces que alertaban de las debilidades en la conducción del
proceso de desmovilización con los grupos paramilitares, la sociedad
Medellinense, como el resto del país, confío que con la política de Seguridad
Democrática del actual Presidente y la desmovilización de los paramilitares,
pasaríamos al decir del ex alcalde Sergio Fajardo “del miedo a la esperanza”. Pero
este buen propósito parece estar lejos de cristalizarse, por el contrario, la ciudad
ha venido experimentando un recrudecimiento de la criminalidad que evoca las
peores épocas vividas y con razón, Medellín construyó socialmente el miedo a
aquellas prácticas escabrosas: toques de queda “voluntarios”, asfixia mecánica,
desmembramiento, palizas, balaceras inesperadas, incluso con fusilería que dejan
niños inocentes por el camino, a causa de las llamadas balas perdidas, remates
en los centros hospitalarios, retaliaciones a la salida de los funerales, quema de
buses, desplazamiento forzado, violencia sexual contra mujeres y menores.
Practicas que la criminalidad de esta ciudad aprendió a reproducir generación tras
generación y que a los más adultos les es imposible olvidar. Por ello hay barrios
donde la gente se va a dormir más temprano, hay restricción preventiva de los
taxistas para ir a ciertos territorios, barreras territoriales invisibles, desescolarización
forzada de estudiantes por parte de sus padres, debido al temor
que caigan en medio de las balas, aumento del desplazamiento intraurbano y
violencias sexuales asociadas al conflicto.
Esto que pasa hoy en Medellín en proporciones menores a las alcanzadas en
1991 no deja de angustiar a algunos, pues a esos niveles no se quiere regresar.
Sin embargo, pareciera que la mayoría de los ciudadanos de esta tierra no
dimensionan las proporciones de los hechos, pues expresiones como “esos son
los combos que se están matando entre ellos”, dan a entender que éste no es un
asunto de todos y que poco o nada importa que esta ciudad se desangre, pues es
sangre de delincuentes, de vándalos. No reflexionamos sobre los asuntos
estructurales que producen conflictividades, reproducen y mantienen estas
estructuras criminales en la ciudad. Medellín Como Vamos15 así lo corrobora en
su última encuesta de percepción (año 2008) sobre el tema, con la pregunta: ¿qué
tan seguro se siente en el barrio? y ¿qué tan seguro se siente en la ciudad? El
porcentaje de personas que responden que el barrio y la ciudad son entre muy
seguras y seguras, es prácticamente igual con 75% y 72%, respectivamente.
¡Qué contradicción! Sin embargo, en una consulta ciudadana hecha por el
periódico el colombiano, el pasado mes de junio, muestra que la percepción sobre
seguridad está cambiando ante la pregunta ¿se siente seguro en Medellín y el
Área Metropolitana? un 54.7 % respondió que no, hay que destacar que en esta
muestra se incluyen los diez municipios del Área Metropolitana, mientras que
Medellín Como Vamos sólo a Medellín.
Seguridad Ciudadana, un asunto de Estado
15 Iniciativa privada de seguimiento a los Indicadores de Calidad de Vida de la ciudad.
Como se señaló anteriormente, en el 2002 se puso en marcha en el país una
Política de Seguridad Democrática y un proceso de desmovilización de grupos
paramilitares que es importante revisar a la hora de pensar acciones de lucha
contra la criminalidad e identificar responsabilidades en el ámbito local. Ambas
políticas son del resorte nacional con enormes implicaciones locales, obedecen a
la intencionalidad política de un gobernante y no a un acuerdo de Estado.
Tanto la política de seguridad como el proceso de desmovilización tienen una
ubicación territorial rural con resultados evidentes, no así en lo urbano, aquí es
importante destacar que Colombia en los últimos 60 años ha sufrido un proceso de
transformación que invirtió la relación: pasamos de ser un país rural a un país
urbano. Otra conclusión: la “seguridad democrática” además de no ser un acuerdo
de Estado, no se hizo para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos sino
meramente para combatir a las FARC, una guerrilla eminentemente rural. Entre
tanto el recrudecimiento de la criminalidad en la ciudad está demandando una
política de Estado integral, de seguridad humana que reconozca las
particularidades socio-territoriales de la urbe que fortalezca y haga operante y
garantista el sistema judicial y los organismos de inteligencia, que intervenga
concertadamente las problemáticas estructurales que generan exclusión y falta de
oportunidades que terminan lanzando a un ejército de jóvenes a las entrañas de
las estructuras criminales de la ciudad.
Se requiere entonces del fortalecimiento de una ciudadanía activa y de una
institucionalidad pública democrática, esto significa concertación social y política;
formación de una conciencia ciudadana a favor de la legalidad y de la construcción
de un orden público democrático que obedezca a un modelo de sociedad que
convive y resuelve sus conflictos pacíficamente. Esto no será posible mientras los
niveles de corrupción y captura del Estado local no se intervengan. Esta
modalidad quedó al descubierto en la ciudad con la detención del Director
Seccional de Fiscalías por presuntos nexos con la banda de Alias don Mario, el
retiro del comandante de la Policía Metropolitana, general Marco Antonio Pedreros
y la desaparición forzada a manos de oficiales de Policía de tres menores de edad
en el Municipio de la Estrella, supuestamente mutiladas, desmembradas y
lanzadas al río Cauca. Aberrante.
Estamos de acuerdo con el alcalde de la ciudad de Medellín Alonso Salazar
Jaramillo, en que la seguridad ciudadana es un asunto de todos y todas, en este
sentido saludamos la propuesta de Movilización Ciudadana por la Convivencia y
la Seguridad, recientemente presentada, dicha propuesta consiste en tener una
ciudadanía activa contra la violencia, mayores oportunidades para los jóvenes y
fortalecimiento operativo de la Policía y la justicia, asuntos que no son nuevos en
una ciudad marcada históricamente por la violencia y que de una u otra forma, en
las últimas dos décadas, ya ha probado estrategias de este tipo para contrarrestar
la criminalidad, es importante entonces llamar la atención sobre la importancia de
evaluar críticamente los resultados de actuaciones que como sociedad hemos
emprendido y así poder fortalecer lo que ha funcionado y corregir los errores, pues
es evidente que como sociedad nos hemos equivocado.
No sobra recordar que la fortaleza de la legitimidad de la autoridad,
particularmente de la fuerza pública, estriba en su capacidad para lograr de
manera espontánea y voluntaria el acatamiento y colaboración por parte de la
población civil. La corrupción que existe en las filas de la fuerza pública –traducida
en los falsos positivos, las “chuzadas” del DAS, la “parapolítica” y la complicidad
de sectores de la Policía con las organizaciones criminales- nada contribuye para
que se entienda que la lucha contra la violencia y la defensa de la vida, es un
propósito colectivo, antes que individual. O salimos entre todos del pantano o nos
enterramos en él.