Ex paramilitar compromete al Ejército en muerte de cinco personas presentadas como guerrilleros

Revista Cambio 02 de noviembre de 2008

El general Leonardo Gallego, en el círculo, llegó a San Rafael el día de los hechos. ¿Què hacìa allì? Foto: AFP

EL DOMINGO 10 DE MARZO de 2002, oficiales de la IV Brigada del Ejército escogieron un escenario poco usual para presentar ante un grupo de periodistas un balance de sus operaciones en materia de orden público: el solar del asilo de ancianos de San Rafael, un pueblo del oriente antioqueño. Allí pusieron en fila cinco camillas con cinco cadáveres  cubiertos con sábanas. A su lado, en un mesón de madera había cables y dispositivos metálicos usados en la fabricación de explosivos.

Según el parte oficial,  los cadáveres eran de guerrilleros de las Farc muertos en combate con tropas del batallón de Artillería Número 4 que los sorprendieron cuando intentaban volar un puente y atentar contra la represa Guatapé-El Peñón-San Rafael, una de las represas de generación de energía más grandes del país. Como la noticia se conoció en vísperas de las elecciones regionales, tuvo amplio despliegue incluso en medios internacionales que destacaron el esfuerzo de las autoridades para impedir un sabotaje de impredecibles consecuencias.

Salvo los dolientes de los muertos, todo el mundo se tragó entera la versión militar. Familiares de Érika Viviana Castañeda y Deisy Johana Carmona Usme, de 13 y 14 años, y estudiantes del Liceo San Rafael, pusieron el grito en el cielo porque las dos menores  fueron presentadas entre los supuestos guerrilleros abatidos. Sus compañeros de colegio, comerciantes y habitantes de San Rafael organizaron una protesta para rechazar lo que consideraban una gran injusticia.

Gloria López, madre de Erika Viviana, recuerda que vio por última vez a su hija la tarde del sábado 9, cuando ella fue a pedirle permiso para ir a una fiesta en compañía de su amiga Deisy. Dos horas más tarde, los vecinos le informaron que ellas hacían parte de un grupo de cinco personas muertas por disparos hechos en un retén militar contra la volqueta en la que se dirigían hacia la vereda El Silencio.

Al día siguiente -cuenta la señora López-, cuando se encontraba con otros familiares a las puertas del hospital a la espera de que les entregaran los cadáveres, llegó un grupo de militares para llevarse los cuerpos. "No se preocupen -les dijo uno de los uniformados-. Necesitamos los cadáveres unos minutos porque estamos en una investigación interna, pero los volvemos a traer dentro de un rato". En ese momento nadie imaginó que los cuerpos iban con destino al asilo donde los oficiales de la IV Brigada harían la rueda de prensa.

Desde ese día, el caso pareció condenado al olvido: la fiscal de San Rafael se declaró impedida para asumirlo y trasladó la denuncia penal por homicidio presentada por los familiares de los muertos al juzgado 23 Penal Militar de Medellín El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una demanda contra la Nación pero no parece haber llegado lejos. Y el juez militar se limitó a abrir investigación y a recoger declaraciones de militares de bajo rango, pero no tomó ninguna decisión de fondo.

Falso positivo

Han pasado casi siete años y el caso recobró vida a finales de enero, cuando un ex paramilitar de nombre Parmenio de Jesús Usme García se presentó ante una fiscal de la Unidad de Justicia y Paz en Medellín para rendir versión libre. La diligencia se llevó a cabo los días 29 y 30.

Familiares y amigos de los muertos que viajaron a Medellín reconocieron a Usme García como el hombre que manejaba el vehículo que había sido tiroteado por la patrulla militar y le pidieron, por medio de la fiscal Adriana Restrepo, que incluyera en su versión el relato de los hechos.

Usme García aceptó hacerlo y además anunció que confesaría cerca de 200 crímenes. Durante la audiencia contó que se había desempeñado en San Rafael como segundo del Bloque Metro de las Auc, entonces al mando de Carlos Mauricio García, Doble Cero, y dijo que para sus operaciones usaba una volqueta del municipio en la que podía moverse libremente. En ella estaba recorriendo el pueblo ese sábado 9 de marzo de 2002, cuando dos jovencitas le hicieron señas para que parara y le pidieron que las llevara hasta El Silencio donde había una fiesta. Accedió y por el camino recogió a otros tres conocidos suyos: Giovanny Uribe Noreña, Nelson Alfredo López  y Jon Jairo Hincapié.

Cuando se acercaban a la vereda El Jordán sintió varias descargas de fusil contra el vehículo, que quedó prácticamente partido por la mitad. Todos los pasajeros murieron, él recibió dos tiros y se salvó de milagro . Al día siguiente, cuando era atendido en el hospital se enteró de la versión falsa del Ejército sobre el combate y los guerrilleros muertos. Su vida estaba en peligro porque era el único sobreviviente que podía desmentir la versión oficial y con la ayuda de un hermano que había trabajado allí como enfermero salió por una puerta que no era de acceso público y huyó. 

Usme García dijo que el episodio tenía toda la apariencia de lo que hoy se conoce como "falso positivo": un montaje de los militares para simular un éxito en la lucha contra el terrorismo.

El de San Rafael había sido armado por oficiales de la IV Brigada en asocio con miembros de la Policía, encabezados entonces por Gallego.

Los fiscales decidieron verificar la versión del ex paramilitar postulado para recibir los beneficios que otorga la Ley de Justicia y Paz,  y en las dos últimas semanas se dedicaron a revisar y a desempolvar documentos y testimonios sobre el caso.

CAMBIO conoció el resultado de parte de esas diligencias y además consultó fuentes del oriente antioqueño, entre ellas familiares de las víctimas y personas que entonces tenían funciones públicas. También constató anomalías que habrían impedido a la Justicia establecer la verdad de los hechos. 

El caso se desvió cuando la fiscal 77 de San Rafael se negó a hacerle a los cuerpos pruebas de absorción atómica, con el argumento de que carecía de los químicos necesarios y el personal idóneo para hacerlo, y dejó la investigación en manos de la justicia penal militar. La prueba habría permitido establecer que los presuntos guerrilleros no habían disparado -estaban inermes- contra la patrulla, como decía el parte oficial de la IV Brigada.

Tanto la fiscal como el entonces Alcalde, Édgar Eladio Giraldo Morales, las otras autoridades y la dirección del Hospital, reconocieron como única autoridad en esas diligencias al entonces comandante de la IV Brigada, general Mario Montoya. Según un registro del hospital, el General llamó la noche del sábado 9 para pedir que, por ningún motivo, entregaran los cadáveres a alguien distinto de la autoridad militar, y anunció que al día siguiente él mismo, o alguien de su entera confianza, iría a San Rafael para ponerse al frente del caso.

En efecto, el domingo 10 aterrizó en San Rafael un helicóptero de la IV Brigada con el general Leonardo Gallego a bordo. Pese a que Gallego era el comandante de la Policía de Medellín y de su área Metropolitana, sin jurisdicción sobre San Rafael u otro municipio, nadie pareció sorprenderse. Según el expediente abierto en el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, el General se presentó en el hospital para ordenar el traslado los cinco cadáveres hasta el asilo, donde los habrían vestido con uniformes de campaña. El 12 de marzo, El Colombiano de Medellín  publicó una foto de una agencia internacional en la que aparece Gallego cerca de los cuerpos.

Compañeros y subalternos de esa época de los generales Montoya -hoy comandante general del Ejército- y Gallego -destituido tiempo después por la Procuraduría por un caso distinto-, dicen que no era extraño ver al oficial de la Policía actuando fuera de su jurisdicción y recuerdan que antes, durante y después de la cuestionada "retoma" de la Comuna 13 de Medellín, en la que los dos generales hicieron llave, era común que viajaran juntos o que se delegaran misiones.

Investigadores de la Fiscalía encargados del caso han atado los cabos sueltos y preparan un informe en el cual le recomendarán al Fiscal General, Mario Iguarán, que pida a la justicia militar entregar el caso a la justicia ordinaria, pues la muerte de los cinco supuestos guerrilleros no se ajusta un "acto propio del servicio". También plantearán que, de ser necesario, la Corte Suprema debe investigar al general Montoya o a cualquier otro general involucrado en el episodio, pues se trata de establecer su responsabilidad en la muerte de cinco personas presentadas entonces como guerrilleros y que ahora pueden resultar inocentes. Por lo pronto, la historia confirma lo que alguna vez dijo Gabriel García Márquez: "La primera baja en una guerra suele ser la verdad".

LA POSICIÓN DE LA DEFENSA

Jorge Iván Palacio Restrepo, abogado de la Nación -representada en este caso por el Ejército Nacional- ha defendido con vehemencia en las instancias judiciales la manera como se desarrolló la operación militar en San Rafael.

Ante el Tribunal Superior de Antioquia el jurista alegó la "culpa exclusiva de la víctima" y señaló: "(...) La menor Erika Bibiana Castañeda falleció en momentos en que se desplazaba acompañaba con subversivos que fueron muertos en combate".

También anunció que las pruebas que se allegarán al expediente informarán si dicha menor, a pesar de fungir como estudiante de secundaria, hacía parte del grupo subversivo. "La experiencia, la cruda realidad, en varios casos nos ha mostrado a jóvenes entre los 10 y 18 años en las filas de los distintos grupos armados al margen de la legalidad, bien sea en el momento combatiendo o como milicias urbanas en pueblos y ciudades", añadió en uno de sus memoriales ante el tribunal.

Fuentes del Ejército dijeron que la institución está dispuesta a colaborar en todas las verificaciones y diligencias que deba hacer la Fiscalía.